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Catamarca: Se discuten nuevas sanciones para los violadores del aislamiento y la distancia

El gobierno está analizando sanciones más severas para aquellos que no respeten las normas actuales establecidas para la prevención del coronavirus.

Catamarca: Se discuten nuevas sanciones para los violadores del aislamiento y la distancia

Catamarca: Se discuten nuevas sanciones para los violadores del aislamiento y la distancia

La Provincia anunció que está analizando nuevas sanciones para quienes no respeten las condiciones de la distancia social preventiva obligatoria (DISPO), más precisamente para quienes celebren reuniones sociales a pesar de la prohibición.

Entre las nuevas sanciones que se añadirían al sistema de multas ya en vigor desde septiembre podría estar la imposibilidad de recibir beneficios sociales.

“En vista de la constante ocurrencia de reuniones sociales y otras actividades que pueden representar una amenaza epidemiológica en el contexto de la pandemia COVID-19, el ejecutivo considerará la solicitud ante la nación para que quienes no cumplan con la DISPO o la ASPO sean sancionados con la exclusión del acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) u otros beneficios sociales nacionales”, dijo la Casa de Gobierno.

también añadió que “el personal público que cometa graves violaciones de la DISPO o ASPO debe ser despedido. También se está considerando una tercera medida, que incluiría a los propietarios de casas donde se celebren fiestas o reuniones sociales fuera de los límites establecidos por la normativa vigente, que son eliminados del registro de proveedores estatales y sancionados por la imposibilidad de reinscripción como tales”.

Las multas económicas vigentes desde el pasado mes de septiembre oscilan entre las 2.000 pesos por no llevar barbijo y las 100.000 pesos para quienes infrinjan los protocolos de actuación, reglamentos y resoluciones establecidos para la entrada, el tránsito y la residencia en el territorio de la provincia.

Las multas se oficializaron mediante un decreto firmado por el Gobernador Raúl Jalil, quien las aceptó en una reunión con los fiscales provinciales y representantes de la Fiscalía Federal.