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La CEPAL advierte que la crisis económica regional “durará más de lo esperado

La secretaria ejecutiva de la organización, Alicia Bárcena, dijo que los esfuerzos realizados para mitigar el impacto de la pandemia de coronavirus "no serán suficientes".

La CEPAL advierte que la crisis económica regional

La CEPAL advierte que la crisis económica regional "durará más de lo esperado

La secretaria ejecutiva de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas), Alicia Bárcena, advirtió que la crisis económica regional “durará más de lo esperado, la recuperación llevará varios años y será más lenta que después de la crisis de las hipotecas subprime (de 2007-8)”, por lo que es necesario “mantener políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias expansivas”.

En la presentación del estudio económico 2020 para la región por videoconferencia desde Santiago de Chile, Bárcena dijo que los esfuerzos que se están haciendo para aliviar los efectos de la pandemia del coronavirus “no serán suficientes” y, por lo tanto, abogó por la sostenibilidad del gasto público, apoyado en un “fortalecimiento de los ingresos públicos”, especialmente a través de un aumento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio.

La Directiva destacó que la pandemia “ha tenido un impacto históricamente negativo en las esferas económica, productiva y social, con consecuencias y efectos a mediano plazo en el crecimiento, el aumento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo”.

Según el informe, América Latina y el Caribe están experimentando la peor crisis económica en un siglo, con una caída estimada del producto interno bruto (PIB) regional de -9,1% y -9,4% en América del Sur. En el mismo sentido, para este año se espera una disminución de la actividad del 2,3% en Paraguay, el 5% en Uruguay, el 5,6% en Colombia, el 7,9% en Chile, el 9% en México y Ecuador, el 9,2% en Brasil, el 10,5% en Argentina, el 13% en Perú y el 26% en Venezuela.

Por esta razón, el nivel del PIB per cápita a finales de 2020 sería el mismo que en 2010, es decir, “se produciría un retroceso de 10 años con un fuerte aumento de la desigualdad y la pobreza”, según las previsiones de la CEPAL. Con el cierre de 2,7 millones de empresas formales, el desempleo alcanzaría los 44 millones de personas (18 millones más que en 2019).

Además, “la pobreza alcanzaría el mismo nivel que en 2005, es decir, un retroceso de 15 años de hasta 231 millones de personas, mientras que la pobreza extrema alcanzaría los niveles de 1990, lo que significa un retroceso de 30 años (96 millones de personas)”. Bárcena insistió en que “serán necesarias políticas macroeconómicas activas para reavivar el crecimiento y promover un programa de transformación estructural”.

“Es necesario fortalecer los ingresos públicos, mantener las políticas monetarias expansivas convencionales y no convencionales y reforzar la regulación de las corrientes de capital para limitar la salida de fondos y mantener la estabilidad macrofinanciera a corto y mediano plazo”, añadía el informe.

En el ámbito de la política fiscal, el Estudio Económico 2020 abogó por un marco de sostenibilidad basado en los ingresos: “América Latina y el Caribe necesita aumentar sus ingresos tributarios, que actualmente promedian el 23,1% del PIB para los gobiernos de la región, en comparación con el 34,3% de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

recomendó “la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, que asciende al 6,1% del PIB regional (unos 325.000 millones de dólares); y la consolidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y las empresas (que asciende al 6,3%, frente al 11,6% en la OCDE)”. Bárcena también propuso “ampliar el alcance de los impuestos sobre la propiedad y el patrimonio” (0,8% del PIB en América Latina y el Caribe, frente al 1,9% en los países de la OCDE); y “introducir impuestos sobre la economía digital”.

Por último, el informe destaca que los países en esta esfera “necesitan reorientar el gasto público hacia la reactivación y la transformación de la economía y aumentar la inversión pública en los sectores que promueven el empleo, la paridad entre los géneros, la inclusión social, el cambio productivo y una transición igualitaria hacia la sostenibilidad ambiental”.