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La liberación de Carlos Rosenkrantz tras la solicitud de una audiencia de impugnación en su contra

El juez del Tribunal Supremo se expresó en una carta y aseguró que se está llevando a cabo una "campaña de desprestigio" por diferentes "personalidades" del gobierno.

La liberación de Carlos Rosenkrantz tras la solicitud de una audiencia de impugnación en su contra

La liberación de Carlos Rosenkrantz tras la solicitud de una audiencia de impugnación en su contra

El pasado 25 de septiembre, el diputado del Frente de Todos Vanesa Siley presentó una moción de juicio político contra el juez Carlos Rosenkrantz por su actuación en varios casos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo el beneficio 2×1 en el caso “Muiña”, y a partir de ahí el juez presentó una serie de críticas y acusaciones de persecución política.

“Durante algún tiempo he sido objeto de una persistente campaña destinada a desacreditarme en diversas publicaciones y por diversas personalidades. Me atribuyen erróneamente conductas indebidas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, dijo el miembro del Tribunal Supremo en una nueva carta que se preparó y envió a varios medios de comunicación.

En esta ocasión, Rosenkrantz desacreditó todo tipo de acusaciones bien fundadas hechas por el congresista Siley, asegurando que “las acusaciones son completamente infundadas” y enfatizando que “no he fallado en ningún deber del cargo”.

Entre los casos en los que se le acusa de haber fallado en su función está la aplicación del llamado 2×1 en casos de crímenes contra la humanidad, en este caso en los casos de “Muiña” y “Batalla”. Ante esto, el juez se defiende y asegura que “encuentran su apoyo en la Constitución argentina, en el derecho interamericano y en las leyes internacionales de derechos humanos”.

“Nunca he intervenido en un caso en el que me viera obligado a pedir disculpas. Desde que fui nombrado juez, he pedido disculpas en todos los casos en los que se configuraron los motivos de una disculpa convincente”, añade en este contexto, refiriéndose también a los vínculos con Blaquier y a una supuesta obstrucción de la justicia.

“El legislador está cometiendo un error fundamental: una cosa es un juicio político destinado a destituir a un juez por incumplimiento de sus obligaciones, y otra cosa es un juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he fallado en el cumplimiento de un deber funcional”, dice.

La Carta de Carlos Rosenkrantz

Desde hace algún tiempo he sido objeto de una persistente campaña de desprestigio en varias publicaciones y por varias personalidades. He sido falsamente acusado de mala conducta, irregularidades y crímenes de varios tipos. Por ejemplo, se me ha acusado en el Tribunal Federal 4 de tener no menos de 71 cuentas en el extranjero, todas a mi nombre, para recaudar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La acusación no sólo es falsa, como expliqué en una presentación que di a este tribunal en marzo de este año, es completamente absurda. Anteriormente me había enfrentado a otros dos cargos: primero, el delito de evasión, porque había firmado la sentencia “Muiña” (en la que se discutía la aplicabilidad de la llamada ley “2×1”), y segundo, porque mientras trabajaba como abogado me vi involucrado en la quiebra fraudulenta de una empresa propietaria de la franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambos fueron desestimados por el juez Rafecas.

Ahora, una diputada ha presentado una moción de procedimiento político al gobierno, en la que cree que se configura la causa de la mala actuación, lo que permitiría la apertura de un procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar los hechos del caso y, si es necesario, proceder a mi destitución.

Las acusaciones son completamente infundadas. No he dejado de cumplir con un deber funcional.

La diputada considera que he causado el mal desempeño previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional en los casos de “Muiña” y “Batalla” (2×1) al firmar mis votos en los casos de “Muiña” y “Batalla” (2×1). Afirma que he violado el bloque de constitucionalidad, que obliga a perseguir y condenar los crímenes contra la humanidad, y también el consenso social. Afirma que he “frustrado gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución alentando y a menudo asegurando la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante condenas ilegales”. Dice que me he comportado con “supuesto desprecio por la sensibilidad y la conciencia de los ciudadanos” porque he mantenido mi posición sobre el 2×1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la Ley 27.362. También afirma que he cometido un “flagrante malentendido de la