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Dos investigaciones adicionales ordenadas en la demanda de expropiación de YPF

Lo decidió el juez que lleva el caso en Nueva York. Los demandantes piden una compensación de hasta 5 mil millones de pesos

Dos investigaciones adicionales ordenadas en la demanda de expropiación de YPF

Dos investigaciones adicionales ordenadas en la demanda de expropiación de YPF

La expropiación de YPF llevada a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner en abril de 2012 sigue sin resolverse en el sector de la justicia. La Jueza Loretta Preska, que lleva el caso en el tribunal de Nueva York, ordenó el lunes dos investigaciones adicionales para determinar si Argentina debe pagar una indemnización millonaria por esta decisión.

Las investigaciones deben realizarse desde ahora hasta marzo de 2021. Y el juicio se reanudará en junio próximo. El Distrito Sur de Nueva York, el tribunal responsable del caso, tratará de determinar la validez de la reclamación del Fondo Burford. Esta empresa conservó los derechos de juicio de Petersen Energy, una antigua sociedad de la familia Eskenazi. Petersen Energy tenía el 25% de YPF hasta su expropiación.

Se trata de una compensación de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares.

Preska decidió que se llevaran a cabo dos procesos, llamados “descubrimiento”. Se trata de investigaciones exhaustivas sobre diversos aspectos del proceso. Argentina ha solicitado esto porque todavía está tratando de resolver la disputa sobre los estatutos de las leyes comerciales argentinas. Burford, por otro lado, está pidiendo más información.

Pero ninguna de las partes estaría interesada en una investigación exhaustiva sobre la extraña adquisición del 14,9% de YPF por parte de Petersen Energía en 2007. Esta compra de acciones de la mayor empresa del país se realizó con un “préstamo de vendedor” y la transferencia de los futuros dividendos de YPF a Repsol de España, que era el accionista mayoritario.

“Lo que pasó es malo para ambos. Del lado argentino, se pueden descubrir cosas que el actual gobierno no quiere haber descubierto. Y por parte de Burford, si se descubren estas cosas, existe la posibilidad de que el juez declare inválido el caso porque fue legalmente privatizado y nacionalizado”, explica Sebastián Maril, director del departamento de investigación para comerciantes.

Carlos Zannini, actual Fiscal General del Ministerio de Hacienda y defensor de los intereses argentinos, fue director del Banco de Santa Cruz hasta diciembre. Representó a la provincia en esta entidad, que es propiedad de la familia Eskenazi, es decir, el Grupo Petersen.

“Argentina buscará expertos que digan por qué el derecho societario argentino (en disputas entre accionistas) debe aplicarse en el Estado de Nueva York, lo cual es posible. Y Burford está buscando la información que quieren pedir. Irá a los tribunales el año que viene”, añade Maril, que conoce el caso como pocos.

En junio de 2019, Burford solicitó un juicio sumario (un procedimiento de resolución) en este caso. Y se esperaba que insistiera en esta petición. En cambio, decidió pedir más “investigación”.

Burford retuvo los derechos estatutarios de Petersen Energy y Petersen Investor Energy, que son los demandantes. Estas compañías fueron fundadas por la familia Eskenazi para adquirir el 15% de YPF. Luego compraron otro 10%. Sin embargo, la familia Eskenazi dejó claro que los derechos de esta demanda contra Argentina en los tribunales españoles fueron adquiridos por Burford Capital.

Estas compañías están tomando acciones legales contra el país y demandando compensación por derechos que habrían sido violados si el 51% de la compañía petrolera hubiera sido expropiada. La Jueza Loretta A. Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que esta demanda podría resolverse en Argentina. Ella entiende que el caso es de “interés público” y por lo tanto el juicio tendrá lugar en Nueva York.

El juez es el heredero de Thomas Griessa. En este tribunal, habrá juicios por incumplimiento de la deuda pública si no hay acuerdo con los acreedores.

En abril de 2012 Argentina expropió el 51% de YPF. Esta ley fue aprobada más tarde por el Congreso. Pero para cumplir con la legislación estadounidense, faltaba otro paso. En 1993, cuando se privatizó YPF, la compañía petrolera cumplió con las regulaciones de la bolsa de valores de EEUU. Entre ellas se incluye que cualquier movimiento significativo de acciones – como un cambio en la propiedad mayoritaria – debe llegar a todos los accionistas. En este caso, según los demandantes, el Estado debería haber hecho una oferta por el 49% restante.

La administración de Mauricio Macri intentó que el juicio se celebrara en la jurisdicción argentina, pero no tuvo éxito en los tribunales, la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema. La estimación anterior de los gastos de defensa (entre 2016 y 2019) era que podría costar entre 3.500 y 5.000 millones de dólares de los EE.UU.

Según Burford, hay declaraciones de Guillermo Nielsen – actual presidente de YPF – admitiendo errores de procedimiento en los procedimientos de expropiación. Este fondo entiende que esto le da argumentos para la compensación.