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El Senado aprobó el cuestionado proyecto de ley que regula el teletrabajo

El Poder Ejecutivo hará cambios en el reglamento. Las empresas se resisten a ello. Permite revertir el lugar donde se realiza el trabajo.

El Senado aprobó el cuestionado proyecto de ley que regula el teletrabajo

El Senado aprobó el cuestionado proyecto de ley que regula el teletrabajo

El jueves el Senado aprobó una nueva regulación del mercado laboral. Se trata de una nueva regulación para el teletrabajo, que comenzará 90 días después del fin de la pandemia y que ya ha sido cuestionada por la comunidad empresarial.

El nuevo reglamento estipula que los empleados que realizan tareas desde el hogar tienen los mismos derechos y obligaciones que los que realizan esas tareas personalmente.

Algunos puntos que se destacan son el “apagado digital” y la posibilidad de que el empleado pase del trabajo personal al teletrabajo en pocos pasos. También que el empleador debe pagar por el hardware y el software que el empleado utilizará. Los empleados encontrarán ayuda para cubrir los gastos de trabajar desde casa.

Los senadores de la oposición querían negociar algunos cambios en la ley, que venían de los diputados que ya estaban medio multados. El gobierno aceptó inicialmente esta posibilidad, pero luego la rechazó. El partido del Frente de Todos declaró que si era necesario hacer cambios, éstos se harían durante la regulación por el ejecutivo.

Los legisladores de la oposición también advirtieron sobre un probable sesgo contra los argentinos que realizan tareas y trabajos para empresas extranjeras.

El “apagado digital” garantiza a los empleados un horario de trabajo. Fuera de este marco, “el empleador no podrá exigir a la persona trabajadora que realice tareas, ni podrá enviarle mensajes por ningún medio”. Este artículo también incluye las licencias.

Uno de los artículos que encontró más resistencia por parte de las empresas es el número 8: “El consentimiento de la persona que trabaja en posición de cara a cara para cambiar al modo de teletrabajo puede ser revocado por la persona que trabaja en posición de cara a cara en cualquier momento de la relación”, dice el texto. Las empresas saben que los empleados pueden pasar de trabajar en sus oficinas y/o empresas a sus casas con cierta facilidad.

Esto ha sido cuestionado por las cámaras de comercio: Afirman que esto es contrario a los artículos 64 y 65 de la Ley de Contratos de Trabajo, que otorgan al empleador la facultad de organizar y dirigir la empresa. “El poder que permite a los empleados que aceptan esta modalidad revertir a la anterior, conocida como ‘reversibilidad’, merece algunas reservas”, dice Julio Lococo, socio del bufete Perez Alati, Grondona, Benites y Arntsen. Si un empleado solicita un cambio de dirección de trabajo, “el empleador debe asignarle tareas en el establecimiento donde las habría proporcionado anteriormente o, en su defecto, en la sucursal más cercana del empleado donde puedan proporcionarse”, establece la ley.

“La negativa del empleador otorga a la persona que trabaja bajo esta modalidad el derecho de considerarla en situación de despido o de tomar medidas para restablecer las condiciones debidamente modificadas”, dice el texto.

Los legisladores de la oposición señalaron que 200.000 PYMES de 600.000 están amenazadas con desaparecer debido a la pandemia. Y que estas condiciones los pondrán en aún más problemas.

“Si un empleado decide cambiar su situación de un viernes a un lunes, ¿cómo se organiza? Tendrías que tener tantos escritorios como empleados para poder anticiparte a esta situación. Y qué pasa si no se les puede ofrecer, qué pasa si recurren a la retención de tareas o al conflicto”, preguntó Esteban Mancuso, coordinador de temas laborales de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en una nota publicada por nuestras fuentes en su edición del 1 de julio.

La ley obliga a las empresas a “proporcionar el equipo – hardware y software -, las herramientas de trabajo y el apoyo necesarios para llevar a cabo las tareas y a pagar los gastos de instalación, mantenimiento y reparación de los mismos o la compensación por el uso de sus propias herramientas”. Según la ley, “tiene derecho a una compensación por los mayores gastos de conexión y/o uso de los servicios que tiene que soportar”. Dicha compensación “estará de acuerdo con las directrices establecidas en la negociación colectiva y estará exenta del impuesto sobre la renta”.

“Se necesita una definición clara al respecto, que evite posibles demandas sin escrúpulos”, subraya Julio Lococo, socio del estudio de Pérez Alati, Grondona, Benites y Arntsen.

AFG