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31 años y 190 millones de dólares: se define el juicio oral del caso de corrupción más antiguo de Argentina

Esto se debe a las negociaciones en la presa hidroeléctrica de Yacyretá, conocida como el "monumento a la corrupción". El lunes, la Oficina del Fiscal hará sus alegatos. La demanda pide la condena de los tres acusados. La historia de Perón a Menem

El proceso del caso de corrupción más antiguo del país está entrando en su fase final. Se trata de lo que se ha llamado un “monumento de la corrupción”: Se trata de la gestión fraudulenta de 190 millones de dólares en la construcción de la central hidroeléctrica de Yacyretá. El caso cumplirá 31 años en 10 días: comenzó el 14 de octubre de 1989, cuando se presentó la denuncia.

El lunes, el fiscal federal Abel Córdoba presentará sus argumentos en el juicio contra los tres empresarios acusados. La semana pasada, la denuncia solicitaba que fueran condenados a cinco y seis años de prisión, y luego será el turno de los abogados defensores. El veredicto del caso se anunciará en las próximas semanas, según fuentes legales de este diario.

La presa de Yaceyretá para la producción de energía eléctrica es el proyecto de construcción más grande del país. El complejo conecta a la Argentina desde la provincia de Corrientes hasta el Paraguay a través del río Paraná. El trabajo se llevó a cabo en cuatro gobiernos. En 1973, durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón, se fundó con el Paraguay la entidad binacional Yacyretá. Durante la dictadura militar, en 1980, se sacaron a concurso las obras iniciadas en 1983 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, y en 1994 se inauguró bajo el gobierno de Carlos Menem.

Fue el mismo Menem quien inmortalizó a Yacyretá como “el momento de la corrupción”. Lo hizo poco después de tomar posesión del cargo de presidente en abril de 1990. Regresó de un viaje a Paraguay y anunció que suspendería el trabajo por un tiempo. “Si hay un monumento a la corrupción aquí, es Yacyretá” dijo.

Pero antes de su inauguración, ya tenía un caso en el tribunal. El 14 de octubre de 1989, el contador Antonio Casanova denunció la recaudación ilegal del 15% de las devoluciones de impuestos por el hormigón utilizado en la construcción de la presa. Lo mismo había sucedido con el 25% de los neumáticos usados en la obra. El monto total del fraude al estado fue de 191.004.275.394 dólares.

El caso es tan antiguo que muchos documentos recogidos por el poder judicial están en australes – la moneda que luego fue reemplazada por el peso en 1991 – y algunos de ellos tuvieron que ir a los antiguos archivos de la administración pública para averiguar su antigüedad.

En 2017, el caso fue enviado para un procedimiento oral y el juicio comenzó dos años después. Los acusados son Guillermo Henin, director de Dicmar SA, Gianfranco Rizzo, representante de Impregilo SA, una de las empresas a cargo, y Robert Ortega, responsable de los premios.

¿Cuáles fueron los altibajos del caso que le llevó su investigación dos décadas? El archivo fue inicialmente declarado prescrito. La Cámara Federal confirmó parte de la prescripción y ordenó que se investigara el resto. Los acusados fueron procesados, pero luego fueron liberados y procesados de nuevo. Ninguna de estas ideas y giros procesales de los acontecimientos justifican más de 25 años de investigación.

El retraso fue tan grande que hubo un nuevo juicio por un hecho que tuvo lugar diez años después de la primera denuncia en Yacyretá. En 1998, el gobierno de Menem y la empresa italiana Ansaldo Energia Spa firmaron un contrato por valor de 70 millones de dólares para la compra de cinco turbinas para la presa. Se descubrió que 17 millones de dólares habían sido devueltos ilegalmente a la compañía durante esta operación. En 2013, el Tribunal Constitucional Federal condenó a seis ex funcionarios a penas de prisión de entre cuatro y tres años, incluido el ex Ministro de Industria Miguel Ángel Cuervo, que fue encarcelado.

El caso de la primera acción fue presentado por el Tribunal Oral Federal 4 en octubre contra Henin, Rizzo y Ortega en los tribunales de Komodoro Py. El juicio se suspendió en marzo debido a la pandemia de coronavirus y se reanudó sólo tres meses después por videoconferencia. Una veintena de testigos declararon en el caso, entre ellos Fernando “Pino” Solanas, actual embajador de Argentina ante la UNESCO. Solanas escribió el libro Yacyretá: crónica de un despojo.

El lunes pasado el juicio entró en su fase final. José Ubeira, abogado demandante de la contable Casabona, solicitó que los tres acusados fueran condenados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Solicitó una sentencia de seis años de prisión para Henin y cinco años para Rizzo y Ortega. Esto se debe a que se ha comprobado que los tres acusados cometieron irregularidades en la devolución de impuestos a la industria nacional, y los hechos se enmarcaron en el llamado “país contratista”, que comenzó con la última dictadura militar y continuó hasta el gobierno de Menem. Ubeira tiene otro caso relacionado con la presa: es el defensor de Oscar Thomas, el ex controlador de Yacyretá desde 2003 hasta 2015, en el caso de los cuadernos de corrupción. Thomas está acusado de haber pagado sobornos a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner.

El juicio continuará el lunes a las 10.30 horas con el alegato del fiscal de Córdoba sobre Zoom, donde se conocerá su acusación y los posibles cargos penales. Luego será el turno de la defensa y finalmente el veredicto de los jueces Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado.

Durante la investigación del caso y al comienzo del juicio, los abogados defensores hicieron declaraciones que formarán parte de sus argumentos. Señalaron que el caso es obligatorio y que se debe aplicar lo que se denomina un plazo razonable -ha pasado tanto tiempo desde el principio que no pueden ser responsables del retraso por parte del Estado-, lo que fue rechazado por el Tribunal. “Aunque el juicio reconoce un origen lejano en el tiempo, no es menos cierto que la investigación se volvió más compleja en su desarrollo debido a varios factores que afectan a su procesamiento”, respondieron los jueces.

La defensa también argumenta que si el caso implica una administración fraudulenta contra la administración pública, los funcionarios públicos deben ser acusados, y no hay ninguno en el juicio.

Pero los antiguos funcionarios públicos están siendo investigados. Son los que trabajaban en la secretaría de la industria. Su situación está siendo tratada en la Corte Federal 3, por lo que el caso de Yacyretá se prolongará durante años.