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ARA San Juan: toda la cadena de mando naval involucrada en la tragedia es llamada al Consejo General de Guerra

El máximo órgano de la justicia militar no tiene poderes penales desde la derogación del código penal militar. Su ámbito de actuación es administrativo y sus sanciones pueden incluir la destitución y el despido de los considerados culpables de faltas graves

ARA San Juan: toda la cadena de mando naval involucrada en la tragedia es llamada al Consejo General de Guerra

ARA San Juan: toda la cadena de mando naval involucrada en la tragedia es llamada al Consejo General de Guerra

Al mismo tiempo que el Juez Federal de Caleta Olivia procedía a determinar las causas y responsabilidades del siniestro que provocó el hundimiento del submarino ARA “San Juan” y la consiguiente pérdida de 44 tripulantes, en las últimas horas el Jefe del Estado Mayor General, General de Brigada Juan Martín Paleo, ordenó la convocatoria del Consejo de Guerra General, que se llevará a cabo en virtud de lo dispuesto en la Ley 26. 394, que están en vigor en esta materia desde agosto de 2008, cuando se derogó el antiguo Código de Justicia Militar.

La decisión del General Paleo se produce tras la conclusión del “expediente disciplinario” ordenado por el ex Ministro de Defensa Oscar Aguad con el fin de “investigar las responsabilidades establecidas en el artículo 13 (párrafos 16 y 23) del plexo normativo actualmente en vigor”. Es precisamente el artículo al que se hace referencia el que describe los delitos clasificados como “muy graves”.

La disposición menciona explícitamente el párrafo 26 del Código Disciplinario de Disciplina Militar para las Fuerzas Armadas, que califica de negligente en su servicio a todo miembro de las fuerzas armadas que “en tiempo de guerra o durante las operaciones militares, pierda la unidad militar confiada a su mando”, cause daños a las tropas o al equipo, restrinja el cumplimiento de las tareas u objetivos que se le hayan asignado o desperdicie la oportunidad de cumplirlos al no adoptar las medidas preventivas necesarias, al no solicitar a tiempo la asistencia necesaria o al actuar de manera notoria o gravemente negligente”. Asimismo, en consonancia con los procedimientos penales ante los tribunales civiles, también se menciona expresamente el párrafo 23, que dice: “Cometer un delito”. El militar que, con ocasión o en relación con su servicio militar o en el seno de una institución militar o en lugares destinados al cumplimiento de deberes militares, cometa un acto que pueda constituir un delito con arreglo al Código Penal, será castigado con una pena máxima de más de un año de prisión”.

Poderes y Constitución

El organismo que antes tenía incluso el poder de condenar a muerte a un condenado se presenta ahora en una versión puramente administrativa que tiene poderes disciplinarios más que penales. Si bien es cierto que el nuevo régimen prevé la figura del “arresto simple o estricto” en algunos casos, se limita a la detención en el lugar de destino una vez finalizada la jornada laboral o a las suspensiones de trabajo con residencia permanente en la unidad en cuestión.

Como esta es la primera oportunidad en que el Tribunal se establece por orden del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, estará compuesto de la siguiente manera.

Presidente: Agrimensor Sergio Rossi (primo del Ministro de Defensa y segunda autoridad del Departamento)

Miembros: General de Brigada Paleo, General de Brigada Pedro Esteban Girardi

Secretario: Comodoro Ángel Rojo

Auditor General de Justicia (abogado) José Antonio Stanchina

Los acusados

Además de las diversas responsabilidades que puedan surgir de las jerarquías y cargos militares que ocupen los distintos almirantes y oficiales superiores y la marina en el momento del incidente, estarán en el banquillo de los acusados:

Almirante (RE) Marcelo Hipólito Srur Ex Jefe de Estado Mayor de la Marina

Contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo Ex Jefe de Entrenamiento y Reclutamiento

Contralmirante (RE) Eduardo Luis Malchiodi Ex Jefe de Mantenimiento y Arsenales

Capitán (RE) Carlos Ferraro Ex Jefe de U- Proyecto de barco

Capitán Claudio Villamide Ex comandante de la fuerza de submarinos

Capitán Héctor Alonso Ex jefe del estado mayor de las F

La lista de personas acusadas por la justicia militar difiere en algunos aspectos, que son procesados por el sistema de justicia penal federal. En este sentido, y según lo informado por este diario, el caso de la jueza federal de Caleta, Olivia Marta Yañez, está siendo revisado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que esta semana aclarará las diversas demandas y nulidades de las acciones de los familiares de los marineros muertos y la defensa de los acusados.

Inicio de las deliberaciones

La resolución del JEMCO (Jefe de Jefes de Estado Mayor) pide que se abra el debate el 25 de noviembre a las 9.00 horas en las instalaciones del Auditorio del Ministerio de Defensa (Azopardo 250), tras establecer los plazos reglamentarios en los que los acusados pueden formar su defensa y comentar las medidas adoptadas en su contra. Del mismo modo, y teniendo en cuenta la situación provocada por la pandemia COVID-19, los presuntos delincuentes tendrán la oportunidad de participar virtualmente en las audiencias.

este diario consultó varias fuentes judiciales y militares para conocer los detalles del desarrollo de las audiencias. “El caso de San Juan debería haber sido tratado enteramente en el contexto militar. La pérdida de un buque de guerra es un hecho muy específico que no puede ser tratado por los jueces civiles que, por supuesto, no tienen ni idea de los procedimientos militares, ni del lenguaje militar y -por supuesto- no tienen ni idea de cómo se opera un barco, y mucho menos un submarino. Pero sin un código de justicia, este tribunal disciplinario se limitará a celebrar 4 ó 5 audiencias y, tal como están las cosas en este momento, es muy probable que, al final, despida a los responsables, lo que conllevará automáticamente la pérdida de rango, de estatus militar y de pensiones de jubilación. Se pagará una pensión a las personas casadas, a los cónyuges o a los hijos que reúnan las condiciones necesarias al mismo nivel que si el pensionista estuviera muerto”, dijo un oficial superior y abogado, ex jefe del Servicio de Auditoría de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, tanto el tribunal de Caleta Olivia como los juicios penales apoyan la teoría de que no hay tribunales especiales en los casos penales. “Pensaban que los abogados civiles no podían entender cómo funciona la Marina y cómo funciona un submarino, pero hemos estudiado, hemos aprendido y aquí estamos”, dijo la Dra. Lorena Arias cuando hizo su alegato el viernes pasado frente a la Cámara de Comodoro Rivadavia.

“Hasta la derogación del código militar, el sistema de justicia civil actuaba como un tribunal de apelación para los militares y discutía las sentencias militares. Con el nuevo concepto, que se basa en una iniciativa de la ex ministra Nilda Garré, todos los actos delictivos que pueden cometerse en el ámbito militar se incluyeron en el código penal de la nación, en el entendimiento de que de esta manera los civiles y el personal militar fueron tratados en igualdad de condiciones ante la ley. Curiosamente, y a pesar de las promesas hechas por la ex ministra y la propia ex diputada, el retrógrado “Tribunal Administrativo de la Navegación”, una especie de tribunal de la inquisición militar que se supone que debe juzgar la conducta de los marineros civiles nacionales y extranjeros implicados en incidentes náuticos en aguas argentinas, aún no ha sido abolido. La ley de 1970 todavía otorga al almirante presidente la autoridad para ordenar el arresto de testigos civiles que se nieguen a comparecer”, dijo a este diario uno de los expertos navales más involucrados en el juicio del ARA “San Juan”.

A tres años del naufragio

En momentos en que el Ministerio de Defensa ya ha emitido un llamado a un homenaje en la Base Naval de Mar del Plata, en presencia del Presidente Alberto Fernández, para conmemorar el tercer aniversario de la desaparición del barco en el 15º aniversario del hundimiento del mismo. Le dijeron a estos medios que confiaban en que la Cámara Federal de Komodoro Rivadavia habría comentado las diferentes propuestas de los partidos para ese día y que el caso ya estaba de vuelta en Caleta Olivia, sin cambiar los méritos de las acusaciones hechas por Yañez, pero con una fuerte indicación de continuar con cierta pericia. La posible citación del ex Presidente Mauricio Macri y su ex ministro, Oscar Aguad, para investigar parece poco probable por el momento, ya que la cadena de responsabilidades operacionales en el personal uniformado se ha agotado. “Si abrimos la puerta a la responsabilidad penal de los funcionarios, todos los ministros desde 2014 hasta hoy tendrían que declarar no sólo por el San Juan, sino por todos los accidentes militares, incluyendo la reciente muerte de un piloto debido a defectos en el sistema de expulsión del avión que estaba volando”, dijo el asesor técnico de una de las partes en el caso manejado por Yañez.