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Argentina apoyará el informe sobre la represión ilegal en Venezuela que se discutirá hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU

Sin embargo, la representación diplomática en Ginebra también exigirá que se ponga fin al bloqueo económico y financiero impuesto por los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea

Un texto de cinco páginas titulado “Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” es el documento que se incluirá hoy en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y que la Argentina aprobará con precisas objeciones políticas y diplomáticas.

La Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas A/HRC/45/L.43/Rev.1 adopta las conclusiones del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, , que confirma la existencia de un plan sistemático de violaciones de los derechos humanos por parte del régimen populista de Nicolás Maduro.

El informe fue encargado por Michelle Bachelet – ex presidenta de Chile – y confirma las fosas comunes, violaciones, torturas y asesinatos cometidos por las fuerzas bajo el control de Maduro.

Asimismo, el documento de las Naciones Unidas al que tiene acceso este diario hace un llamado a la celebración de elecciones “libres, limpias, transparentes y creíbles” en Venezuela, rechaza “cualquier tipo de interferencia extranjera en los sectores militar, de seguridad o de inteligencia”, insta a todas las partes a celebrar elecciones presidenciales “sin demora” y revela un “estado de alerta” debido al agravamiento de la crisis humanitaria bajo el régimen de Maduro en medio de la pandemia COVID-19.

En Ginebra, Argentina apoyará el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que denuncia las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, aunque también hará hincapié en su oposición política y diplomática al bloqueo económico del régimen de Maduro.

El Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá dijo a este diario: “Para tener autoridad moral en la denuncia del bloqueo físico y financiero y las sanciones contra Venezuela, también hay que poder hacerlo con la violación de los derechos humanos.

Solá no hace más que repetir la posición de Alberto Fernández: crítica absoluta a las violaciones de los derechos humanos, cuestionando el bloque liderado por Donald Trump y exigiendo incondicionalmente una transición democrática que conduzca a elecciones libres y transparentes.

Las declaraciones exclusivas de Solá contradicen la declaración pública de Carlos Raimundi, embajador de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Raimundi, en contra de las instrucciones expresas del Ministerio de Asuntos Exteriores, rechazó el informe de la ONU que denunciaba la represión ilegal del régimen de Maduro.

A pesar de la desobediencia política, Raimundi sigue en su puesto diplomático en Washington.

La ex dirigente sindical Alicia Castro, a su vez, presentó cargos contra la política exterior elaborada por Alberto Fernández e implementada por Solá. A través de su cuenta de Twitter, dijo: “El Consejo @UN_Rights se reúne en Ginebra. Un grupo de países involucrados en flagrantes violaciones de los derechos humanos, como Brasil, Chile, Colombia, etc., está haciendo campaña para una resolución contra Venezuela. Esperamos que @CancilleriaARG respete el principio de no interferencia, la Doctrina Drago”.

La posición de Castro tiene su contexto político: en febrero fue nombrada representante de Argentina en Rusia, pero este nombramiento ni siquiera fue discutido en el Senado. Fue detenido por Alberto Fernández cuando , el ex embajador en Caracas, cuestionó al Ministro de Relaciones Exteriores Solá porque declaró que “el gobierno venezolano es autoritario” .

En las cinco páginas de la Declaración que se firmará en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte de su “preocupación por el hecho de que la pandemia del coronavirus ( COVID-19 ) está empeorando la situación en Venezuela” y pide a las autoridades que “sigan las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos relativas a la población venezolana y a la comunidad internacional para responder a la pandemia y a las necesidades humanitarias en general y para mejorar el acceso a la información sobre su desarrollo”.

Subrayado temáticamente, el informe de las Naciones Unidas no deja nada al azar y resume la gravedad de los acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela bajo el régimen de Maduro durante varios años. Los siguientes temas están en primer plano:

Justicia y elecciones. La declaración de la ONU expresa “preocupación por el deterioro del estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y el impacto en el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos y en la supervisión del proceso electoral en Venezuela”.

A este respecto, en la resolución se expresa “profunda preocupación por la incertidumbre del mandato, la falta de transparencia en el nombramiento de jueces y fiscales, las precarias condiciones de trabajo y la injerencia política”. También se acusa a los miembros del Tribunal Supremo de no ser independientes de las autoridades y del partido en el poder, de socavar la independencia del poder judicial, contribuir a la impunidad y a las persistentes violaciones de los derechos humanos e impedir la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles.

COVID y la salud. En el informe se advierte que la crisis actual sigue teniendo “efectos desproporcionados en los derechos de las mujeres y los niños, los pueblos indígenas, los ancianos y otros grupos vulnerables, y que esos efectos se han visto exacerbados por la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades para combatirla”.

Exilio y ayuda alimentaria. El documento afirma que más de 5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar Venezuela y que hay 7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria “debido al empeoramiento de la crisis política y económica”. Señalan que uno de cada tres venezolanos no tiene seguridad alimentaria y necesita ayuda.

Informe de Bacheldt. La resolución dedica varios párrafos a los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, que contienen información sobre casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han cometido en Venezuela desde 2014. Por lo tanto, no sólo insta a las autoridades venezolanas a que sigan las recomendaciones de la Alta Comisionada de manera plena e inmediata, sino que también exige que se haga un seguimiento de sus recomendaciones y que se investigue la situación de los derechos humanos en Venezuela durante dos años más.

Partidos políticos. Se exhorta a los partidos políticos venezolanos a que “inicien o apoyen inmediatamente un proceso que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles” con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo imparcial, así como la plena libertad de prensa y la participación política sin trabas de todos los venezolanos y todos los partidos políticos sin temor a consecuencias o interferencias de conformidad con las normas internacionales.

Represión. En otro pasaje del informe, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “condena enérgicamente los actos generalizados de represión por motivos políticos y de persecución selectiva, incluidos el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como la ruptura de la independencia de la Asamblea Nacional”.

Violencia. También se exhorta al régimen Maduro a que adopte medidas apropiadas para hacer frente a la violencia y el acoso denunciados; la violencia sexual contra las mujeres y niñas encarceladas, incluidos los casos de abuso físico y sexual, las agresiones verbales, las amenazas y la intimidación; la explotación sexual de las mujeres y niñas a cambio de alimentos, protección y privilegios; y los malos tratos, la tortura y la denegación de derechos a los defensores de los derechos humanos. Al mismo tiempo, advierte contra las enfermeras, los maestros, los funcionarios públicos, los prisioneros políticos y las mujeres recluidas en centros de detención.

Prisioneros políticos. Al tiempo que acogió con satisfacción el reciente indulto de 110 presos políticos detenidos arbitrariamente, forzados al exilio o retenidos bajo medidas cautelares, las Naciones Unidas instaron a las autoridades venezolanas a “liberar inmediatamente a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a los que son particularmente vulnerables a la pandemia COVID-19”.

Los países que han patrocinado esta declaración son Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Malta, Montenegro, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Ucrania. Argentina, al igual que otros estados miembros de la ONU que son miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmará como país candidato.