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Argentina no firmó el duro documento del Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro

El informe sellado por Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, entre otros países, exige una investigación exhaustiva de las conexiones entre el dictador venezolano y el tráfico de drogas o el terrorismo. También exige elecciones libres con el apoyo expreso de Juan Guaidó. Alberto Fernández no envió un representante a la reunión virtual de ministros del foro y evitó su adhesión al documento

Argentina no firmó el duro documento del Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro

Argentina no firmó el duro documento del Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro

En un gesto dirigido a calmar el sentimiento acalorado con el duro kirchnerismo, al mismo tiempo que se disociaba de lo que el gobierno llama “ley neoliberal latinoamericana”, Argentina no firmó hoy una declaración del Grupo de Lima, que una vez más cuestionó fuertemente a Venezuela y pidió que se investigaran los vínculos entre el régimen de Nicolás Maduro y el narcotráfico o el terrorismo.

En un documento de siete puntos firmado por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, el Grupo de Lima apoyó al presidente interino Juan Guaidó pidiendo elecciones libres y transparentes en Venezuela.

El gobierno declaró en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que el texto firmado por el Grupo de Lima deja abierta la posibilidad de una “intervención suprarregional” en Venezuela.

La declaración de este foro, que se basaba en la política de los Estados Unidos y criticaba duramente a Venezuela, a la que se unió entonces el gobierno de Mauricio Macri, no sólo fue rechazada por la Argentina, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no enviar un representante a la reunión virtual de ministros que ahora celebra el Grupo Lima, aunque nuestro país sigue formando parte de ella.

La Embajada del Grupo de Lima, a la que Argentina no se unió, apoyó al Presidente interino Guaidó y a la Asamblea Nacional como “autoridades legítimas y democráticamente elegidas”. El gobierno de Alberto Fernández no reconoce a Guaidó ni a la Asamblea Nacional.

Además de aprobar el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, el documento del Grupo de Lima “expresa la urgencia de una investigación exhaustiva sobre los vínculos del régimen ilegítimo (de Venezuela) con el crimen organizado, el terrorismo y las redes transnacionales de corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando” y pide a las autoridades internacionales competentes que “redoblen sus esfuerzos en esta materia”.

El documento firmado hoy por los Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima también expresa su “firme oposición a la continuidad del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de celebrar elecciones parlamentarias sin las más mínimas garantías democráticas y sin la participación de todas las fuerzas políticas”.

Al mismo tiempo, los Estados signatarios reafirman que la democracia se restablecerá plenamente en Venezuela mediante elecciones presidenciales y legislativas libres, justas y creíbles, que incluirán un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, garantías de seguridad para los votantes, un censo electoral actualizado, plena libertad de prensa y acceso a los medios de comunicación, y la participación política de todos los venezolanos, acompañada de una observación electoral internacional independiente

Al condenar las sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, denunciadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Lima recomienda que el informe pueda ser objeto de un examen preliminar de la situación en Venezuela por parte de la Oficina de Acusación de la Corte Penal Internacional.

En este sentido, se pide a Maduro que respete los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia, en función de la situación de pandemia y de la gravedad sanitaria en que se encuentre Venezuela como consecuencia de los avances de COVID-19, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones humanitarias.

Otro párrafo del texto, aprobado por la mayoría de los países que conforman el Grupo de Lima y del cual Argentina no forma parte, reafirma que continuarán sus esfuerzos “para reunirse con otros actores internacionales a fin de movilizar una respuesta conjunta de la comunidad internacional que contribuya a la defensa de los derechos humanos en Venezuela y al urgente restablecimiento de la democracia y el estado de derecho”.

Respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina Felipe Solá decidió, por instrucciones de Alberto Fernández, no aprobar este documento y no enviar un representante a la reunión ministerial, aunque Argentina aún no ha abandonado el Grupo de Lima.

Así, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que sostuvo que la declaración del Grupo de Lima “expresa su apoyo a un supuesto líder que la Argentina no reconoce y que nunca ha tenido el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, en relación con Guaidó.

Con este texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso al documento del Grupo de Lima, afirmando que “Argentina no comparte las referencias al supuesto vínculo entre la crisis de Venezuela y la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global.

Al mismo tiempo, el documento firmado por el Sr. Solá explicaba con detalle que el llamamiento del Grupo de Lima a la convergencia con los actores internacionales para dar una respuesta conjunta a la “restauración de la democracia y el estado de derecho” era motivo de preocupación. Para la Argentina, se trata de un “llamado a la intervención suprarregional que surge casi abiertamente del comunicado de hoy y que no corresponde a la gravedad de los problemas ni a la naturaleza de los desafíos que enfrenta Venezuela”.

Con respecto a Venezuela, en respuesta al Grupo de Lima, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que “Argentina comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de las violaciones a los derechos humanos e insta al gobierno venezolano a que identifique, condene y sancione a los responsables, como lo ha hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

En este sentido, resaltó el apoyo ofrecido por Argentina en la ONU a la “valiosa labor que la Alta Comisionada Michelle Bachelet viene realizando en Venezuela desde 2019 a través del registro de testimonios y denuncias, cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”. La Argentina está convencida de la eficacia de los mecanismos de protección implementados en este marco”.

Como país anfitrión de un importante flujo de migrantes venezolanos, el gobierno también destacó que Argentina entiende el impacto regional en la migración. En este sentido, reafirmó su compromiso de “dar una respuesta eficaz a la crisis migratoria y humanitaria de Venezuela desde un enfoque de derechos humanos”. La Argentina ha sido y seguirá siendo un país de acogida para los inmigrantes, manteniendo la igualdad inalterable de los derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros”.

En una abierta diferenciación de la propuesta del Grupo de Lima y para justificar su inobservancia, Argentina afirmó que “confía en la gran vocación democrática del pueblo venezolano”. Creemos que sólo a través de los medios electorales se puede encontrar una forma consensuada e inclusiva de resolver de manera pacífica y racional las diferencias políticas en Venezuela respetando la Constitución venezolana”. Pero no menciona a Guaidó ni a la Asamblea Nacional como posibles actores de esta solución democrática.

Finalmente, el documento de la Cancillería cuestiona “las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que afectan a los sectores más necesitados” de Venezuela, para lo cual pide “facilitar el diálogo entre las partes”. Sólo así será posible encontrar una solución política en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes”.

El gobierno declaró que el texto firmado por el Grupo de Lima no se ajustaba a la propuesta de “no interferencia externa” que Argentina mantiene con respecto a Venezuela. Al mismo tiempo, el documento del Grupo de Lima aprobó a Guaidó cuando el gobierno argentino no lo reconoció como presidente interino, por lo que decidió retirar la placa de su embajadora en Buenos Aires, Elisa Trotta.

Llama la atención, sin embargo, que Argentina siga en el Grupo de Lima y que hace una semana en la ONU aprobara el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que advierte sobre las graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro.

Alicia Castro, una activista eclesiástica empedernida que había sido nombrada embajadora argentina en Rusia y que luego renunció a este postulado tras la aprobación del informe de Bacheldt por parte del gobierno, dijo hoy en su cuenta de Twitter que “esperamos que Argentina no sólo no acompañe las declaraciones del Grupo de Lima, sino que es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores se retire formalmente de este foro”. Esto no sucederá por el momento, ya que el gobierno insiste en permanecer dentro del foro como una especie de “presencia administrativa”.

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