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Después de una petición del gobierno de Buenos Aires, la Justicia volvería a posponer el desalojo en la toma de Guernica: sería el 14 de octubre

El Ministro de Fomento, Andrés Larroque, lo solicitó al juez del caso en una audiencia en la que participaron los representantes de los ocupantes. Casi el 10% de las familias ya aceptaron la propuesta de Axel Kicillof y abandonaron la usurpación

Después de una petición del gobierno de Buenos Aires, la Justicia volvería a posponer el desalojo en la toma de Guernica: sería el 14 de octubre

Después de una petición del gobierno de Buenos Aires, la Justicia volvería a posponer el desalojo en la toma de Guernica: sería el 14 de octubre

El Ministro de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, solicitaron al Juez Nº 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, que postergue el desalojo de la toma de Guernica hasta el 14 de octubre. El fiscal de este caso, Juan Condomí Alcorta, está en contra de la medida. Lo mismo ocurre con el abogado Gervasio Pérez Pesado, representante de Bellaco SA, la empresa responsable del desarrollo inmobiliario en San Cirano, cuyos terrenos han sido usurpados.

La solicitud se hizo durante la audiencia masiva que tuvo lugar hoy a las 12:28 pm. La mayoría de los presentes se inclinaban por buscar una solución consensuada y pacífica al conflicto. La propuesta del gobernador Axel Kicillof, que fue rechazada en una reunión de terratenientes, preveía el reasentamiento de familias pertenecientes a Guernica en propiedades cercanas dentro del municipio de Presidente Perón. Los demás fueron trasladados a sus comunidades de origen, como Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y, en menor medida, Quilmes y La Matanza. También se preveía conceder subsidios de 50.000 para la compra de tierras o, para los que ya las tenían, para la construcción de una casa.

Si la medida es aceptada, sería un respaldo a las medidas tomadas hasta el último momento ayer por los funcionarios de Buenos Aires para llegar a un acuerdo con la mayoría de las familias que componen la toma de posesión. El ejecutivo provincial cree que para entonces el problema se habrá resuelto o al menos estará en camino. La idea es que se reubiquen en “tierra con servicios”, una estrategia que en sí misma lleva tiempo.

Esta mañana, unas 170 familias, casi el 10% de los asentados allí, ya habían evacuado voluntariamente la usurpación al aceptar la propuesta del estado provincial. No están de acuerdo con los representantes de la izquierda que ya habían anunciado su intención de “oponerse” al desalojo que tendrá lugar mañana.

Además de los ya mencionados, asistieron a la audiencia el defensor público Juan Pablo Stasi, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Foro de la Infancia, entre otros. Representantes de la Subsecretaría de Estado de Política Social y de organizaciones de niños y jóvenes, así como los demás integrantes de la Mesa de Diálogo, integrada por representantes de los cuatro barrios en que se dividió la toma de 100 hectáreas: 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión, así como las organizaciones sociales que participaron activamente en la toma, el Movimiento Latinoamericano Unidad para el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Víctor Choque, Polo Obrero, Barrios de Pie y la Corriente de Darío Santillán.

El Ministro Alak fue uno de los primeros en pedir al juez una nueva prórroga, esta vez hasta el 14 de octubre. Esta vez serviría para lograr la deseada “expulsión voluntaria y pacífica”, argumentó. También explicó que casi 200 familias ya se habían retirado voluntariamente, aceptando la propuesta rebajada por el estado provincial. El funcionario también presentó al juez pruebas de los progresos realizados, como la contención de las mujeres que han sufrido violencia de género.

La misma línea de argumentación fue presentada por el ministro Larroque – que tiene el mayor peso en las negociaciones – y el gremio de abogados, que representa a las dos familias acusadas de usurpación y es la voz principal de las otras familias. Por otro lado, el fiscal, Condomí Alcorta, como ya ha mencionado, se ha pronunciado una vez más en contra de esto.

El primer desalojo forzoso de la policía de Buenos Aires estaba previsto para los días 23, 24 y 25 de septiembre, pero el Ministro Larroque pidió una prórroga de diez días para continuar las negociaciones y lograr una “eliminación pacífica” de los bienes en conflicto.

Mientras la audiencia se celebraba en el despacho del juez Rizzo, la UTEP, que está integrada por representantes de una importante gama de movimientos sociales, incluido el movimiento Evita, cuyos dos principales dirigentes, Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, son funcionarios del Gobierno nacional, emitió un comunicado en el que se afirmaba que “la falta de vivienda no se resolverá con desalojos forzosos”. Y le exigieron al gobierno de Kicillof: “Desde la UTEP exigimos una solución pacífica, dialogante e institucional para la ocupación de Guernica, donde miles de familias reclaman el derecho a la tierra para vivir. No estamos promoviendo ni participando en la apropiación de tierras en Guernica, pero sabemos que el desalojo nunca es la solución. El déficit de vivienda de millones de compatriotas se está abordando urgentemente mediante una política de integración urbana, acceso a la vivienda y a las tierras con servicios.

El comunicado también decía: “La respuesta del gobierno no puede ser la misma que la de Macri, Patricia Bullrich y Buenos Aires, nacida en Buenos Aires y en manos de Vidal. El lunes por la noche, un colega de la UTEP fue baleado en el mismo lugar por miembros de la policía de Buenos Aires y aún se encuentra en estado delicado en cuidados intensivos. Ya hemos advertido de esta acción y se han hecho las denuncias pertinentes, que están siendo tratadas en la UFI Nº 1 por el Presidente Perón por asesinato en una escala doblemente agravada por el uso de armas de fuego y funcionarios”.

El pasado viernes, los intendentes de Almirante Brown (Mariano Cascallares), Lomas de Zamora (Martín Insaurralde), San Vicente (Nicolás Mantegazza) se reunieron en las dependencias del municipio del Presidente Perón a cargo de Blanca Cantero, Florencio Varela (Andrés Watson), Ezeiza (Gastón Granados), representantes de Esteban Echeverría, y los Ministros de Desarrollo Comunitario y de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Larroque y Julio Alak, se reunieron en el municipio de Presidente Perón.

Juntos analizaron el problema de la toma del poder, la necesidad de una solución pacífica al conflicto causado por la demanda de tierras y viviendas, y la posibilidad de que la alcaldía, con el apoyo de la provincia, comprara las tierras para asentar al menos 650 familias que han usurpado las 100 hectáreas privadas y viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Anteriormente, el propio gobernador se había reunido con 14 intendentes peronistas en el edificio del gobierno en La Plata. Entre otros, estuvieron presentes la intendentesa de Quilmes, Mayra Mendoza, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Aceptaron apoyarlo y trabajar codo a codo con el intendente del Presidente Perón.

La decisión del Juez Rizzo fue precedida por varios días de tensión. Los partidos de izquierda, que según los funcionarios de Kicillof “asumieron las decisiones y resoluciones de las asambleas”, ya habían decidido “oponerse” al desalojo y pidieron un “abrazo solidario” para mañana.

Sergio Berni, el Ministro de Seguridad, que declaró públicamente que el lugar tendría que ser evacuado por la fuerza, continuó ayer con la selección de más de 500 tropas que confirmaron a este diario que se desplegarían más de lo que participarían en la evacuación, añadiendo caballos, cuatrimotos y camiones 4×4 para moverse por el empinado terreno.

El pasado domingo, Larroque denunció que grupos de izquierda impedían a colaboradores de varios ministerios entrar en la propiedad con suministros para las más de 2.000 familias que acampaban allí. Había 1.000 bidones de agua de 6,25 litros, 2.000 contenedores de gel de alcohol, 25.000 pañales, 2.000 zapatillas de varios tamaños, 10.000 kilos de comida (en bolsas de 10 kg), 4.000 mantas y 6.000 barbijos.

Los líderes de los movimientos sociales aseguraron que las acciones de los funcionarios de Buenos Aires eran “chantajes” y apuntaban a “presionar a las familias” para evitar la toma de posesión.

Larroque expresó una opinión diferente: “Hay una parte de la izquierda que no quiere un desplazamiento pacífico. Afirman que representan a las personas involucradas en la toma de posesión y que politizan el conflicto. Hemos presentado un plan. El tribunal ya lo tiene, y para llevarlo a cabo necesitamos un tiempo prudente, y ellos irracionalmente no están de acuerdo y entorpecen la situación”.

La asistencia social se basó en las necesidades identificadas en el censo que su Ministerio había realizado diez días antes entre las familias allí asentadas, que arrojó los siguientes resultados:

Cuando se asumió el control de Guernica, había 1.309 familias con niños o adolescentes, 307 adultos solteros y 288 casos correspondientes a otro tipo de constitución (más de dos adultos sin menores, parejas sin hijos, etc.).

Los 1.904 grupos registrados registraron 2.797 niños y adolescentes. En cuanto a la situación laboral, los adultos respondieron que 1.859 estaban desempleados, 494 tenían empleo, 271 trabajaban en el sector informal y otros 20 estaban jubilados, pensionados o con algún tipo de discapacidad. En otras palabras, casi el 90% están desempleados.

Cuando se les preguntó sobre las razones de la ocupación de la tierra, respondieron 1.810 personas, de las cuales 1.544 dijeron estar “desempleadas, empobrecidas e incapaces de pagar el alquiler”, 183 discutieron con conflictos familiares, 51 con la violencia de género y 32 con la situación en la calle.