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Después del salto en los niveles de pobreza, ¿cuáles son las tareas que reactivaron la Mesa contra el Hambre ?

Sin la participación activa de Narda Lepes y Marcelo Tinelli, el Consejo Federal inició una etapa de trabajo "operacional", en la que se examinaron cuestiones como la reconversión de los comedores y la calidad de los alimentos

Después del salto en los niveles de pobreza, ¿cuáles son las tareas que reactivaron la Mesa contra el Hambre  ?

Después del salto en los niveles de pobreza, ¿cuáles son las tareas que reactivaron la Mesa contra el Hambre ?

Lejos del entusiasmo inicial que animó su creación, el Consejo Federal comenzó a trabajar “operativamente” contra el hambre tras la confirmación el pasado miércoles de los peores datos de pobreza desde 2004. Esta semana, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, junto con la jefa del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, presidió tres comisiones de expertos cuyos temas principales fueron el acceso, la producción y la calidad de los alimentos.

Las reuniones fueron muy concurridas por empresarios, representantes de organizaciones sociales y ONG, funcionarios provinciales y académicos. Los “animadores” de la Mesa Contra el Hambre, como el escritor Martín Caparrós o la cocinera Narda Lepes o el presentador de televisión Marcelo Tinelli, estuvieron ausentes y enviaron personal de sus equipos para representarlos. Pero también había otros líderes importantes del sector privado y de la producción, como Miguel Acevedo (UIA), José Martins (Bolsa de Cereales), Vanesa Herrera Noble (Grupo nuestras fuentes) y miembros de Coninagro, la Federación Agraria y la Cámara de Alimentos de Copal, entre otros.

Según las definiciones de la ministra Arroyo, la pandemia dio “cinco pasos atrás” en la situación de los sectores más empobrecidos del país. La política alimentaria debería ser uno de los ejemplos del gobierno de Alberto Fernández para “poner en pie a la Argentina”. Sin embargo, el COVID-19 cambió el mapa de los problemas de la población más vulnerable, de modo que el trabajo en las comisiones implicó una reevaluación de las necesidades y prioridades.

A partir de la agenda de trabajo, que se dividió en tres días, el lunes, miércoles y el viernes pasado, se identificaron tareas concretas en relación con la producción masiva de alimentos de las organizaciones sociales, la conversión de comedores y áreas de picnic, y medidas para garantizar la calidad de los alimentos. En este escenario, el aumento de la inversión social en alimentos, que ha pasado de 8 millones a 11 millones de beneficiarios, sólo parece ser un contrapeso.

“Teníamos datos muy claros sobre el aumento de la pobreza y la privación. Estamos de acuerdo en que es necesario reforzar la producción de alimentos porque el costo de los productos aumenta estas tasas”, dijo Daniel Arroyo a este diario.

La transición de la cantina a la casa

La primera comisión se centró en el “acceso a la comida”, con la condición de cantinas y bares como punto de discusión. Estas instalaciones se incrementaron de 28.000 millones de pesos por año a 80.000 millones en sólo seis meses, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de miles de familias que han perdido sus ingresos y empleos debido al desempleo causado por la cuarentena. La mayor parte de la ayuda se canalizó a través de la tarjeta de ayuda alimentaria, que

consumió El saldo inicial fue una confirmación de la desigualdad. La alimentación adecuada e inocua depende de la instalación de servicios básicos, como el agua potable. En los barrios populares, se confirmó una vez más que los precios de los alimentos pueden variar ampliamente y el rendimiento puede variar en relación con los ingresos.

El Ministerio de Desarrollo Social estima que hay más de 10.000 comedores de beneficencia en todo el país, incluyendo áreas de picnic informales y comedores de beneficencia con malas conexiones. En este contexto, la aglomeración de personas no es una solución a la propagación del coronavirus.

“Nos esforzamos por volver a la adecuación en casa. Queremos que los comedores de beneficencia se conviertan en centros de ocio, deportivos o comunitarios”, dijo Arroyo.

Con esto en mente, se anunció hace meses el Registro Nacional de Comedores Comunitarios y/o Cafeterías (Renacom), un dispositivo diseñado para asegurar las cocinas de sopa y los centros de apoyo. El objetivo de la encuesta es descubrir la deficiente infraestructura, entre otras condiciones institucionales, como el acceso a una cuenta bancaria de la que puedan recibir las transferencias con las que pagarán los alimentos.

En última instancia, el gobierno pretende descentralizar las compras de los comedores y vincularlas al desarrollo productivo local. Para ello, las tarjetas recibidas por los comedores permitirán el seguimiento en tiempo real de los precios, la naturaleza de los gastos y la calidad nutricional de las compras realizadas por cada establecimiento.

La mejora de los comedores y las cafeterías, junto con la información agregada sobre los gastos, permitirá crear zonas de trabajo para la “producción de alimentos seguros, protegidos y nutritivos”, que constituirán la base de las buenas prácticas en los hogares.

Calidad en la brida: más polenta, menos fruta

La segunda comisión técnica se ocupó del eje “calidad y educación nutricional”, uno de los puntos más críticos y difíciles de resolver en el gobierno de Alberto Fernández. La realidad de la pandemia coexiste con la obesidad en un extremo, mientras que la desnutrición crónica y aguda progresa en el otro.

“Deterioro de la calidad nutricional. Antes de la pandemia, el 67% de las compras hechas con la tarjeta de alimentos eran de carne, leche, frutas y verduras, mientras que hoy en día la cifra es inferior al 50%. Por decirlo brutalmente, comen pasta, harina y arroz y poca leche, carne, fruta y verdura”, dijo Arroyo.

La Mesa de Trabajo Especializada fue creada para orientar el consumo de alimentos con especial atención a los niños y jóvenes y otros grupos vulnerables. Una de las iniciativas tiene por objeto enseñar y promover prácticas de alimentación sana, centrándose en los sectores productivos de la economía, pero también llegar a la clase media, que también depende del consumo deficiente. El 16 de octubre será una de las fechas clave, ya que coincide con el Día Mundial de la Alimentación.

Teniendo esto en cuenta, los miembros de la Comisión acordaron profundizar la vigilancia, la investigación y la evaluación de la dieta de la población como mecanismo de prevención de enfermedades, teniendo en cuenta tanto las dimensiones “sociales” como “biológicas”, como el tamaño y el peso de las personas.

Se decidió, por lo tanto, desarrollar herramientas para optimizar las elecciones, incluyendo la capacitación en escuelas técnicas y rurales, como la supervisión de los proveedores de las escuelas. “Los alimentos abundantes y de alto rendimiento que la población elige o puede consumir no suelen ser los más saludables”, dice el Departamento de Desarrollo Social.

El suministro de alimentos, entre dos visiones

De las tres reuniones, la comisión enfrentada a las visiones más dispares fue la de “Producción y comercialización de alimentos para la soberanía alimentaria”, la última, la última, que tuvo lugar la semana pasada. Este eje involucra a miembros de organizaciones sociales, de la agricultura popular y familiar con las cámaras privadas de alimentos que controlan la cadena de comercialización.

El punto de partida del Cónclave fue el consenso de que el país es capaz de ser un gran productor de alimentos. Mientras tanto, el déficit notable es que esta producción no es suficiente para asegurar una alimentación suficiente para toda la población.

Sin embargo, las diferencias en la visión del mundo entre los actores involucrados parecen ser antagónicas. Representantes del sector agroindustrial, entre ellos Miguel Acevedo de la UIA y Diego Cifarelli de la Asociación Argentina de la Industria Molinera, escucharon críticas sobre la “monopolización” en la producción, fabricación y comercialización de alimentos. También se planteó el debate sobre el medio ambiente, ya que se planteó el problema de la destrucción de los “ecosistemas sociales” con los agroquímicos, las granjas de cerdos y los incendios, que suelen estar dirigidos al sector privado.

En este sentido, los productores de la agricultura familiar y la economía popular tienen la ambición de competir con las grandes empresas en las estanterías de los supermercados y otros puntos de suministro. Para ello, sin embargo, deben superar las dificultades técnicas. El hecho es que muchos de los movimientos sociales que tienen sus granjas productivas producen en pequeña escala y pueden no cumplir los requisitos fitosanitarios necesarios. Este problema impide que sean una opción de consumo en la mesa familiar.

Desde el inicio de la administración el Departamento de Desarrollo Social y el Gobierno de Alberto Fernández se han encargado de ampliar la oferta de alimentos y asegurar su distribución con un salto cuantitativo y cualitativo en la producción agroecológica. En esta dimensión, excluyeron el uso de instrumentos como la ley de las góndolas. Sin embargo, Arroyo puso una vez más varias iniciativas sobre la mesa, incluyendo

– El programa “Sow”, que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de pesos, con la posibilidad de ser transferido a organizaciones sociales, provincias y municipios, para promover el desarrollo de proyectos vinculados a la agricultura familiar, los huertos agroecológicos y también a la red de suministro de alimentos.

– La provisión de préstamos no bancarios específicos para permitir a las empresas económicas comprar maquinaria y herramientas a tasas de interés del 3% anual.

– La introducción de la “marca colectiva”, un instrumento para ampliar y consolidar la producción de las pequeñas empresas que no tienen acceso a la economía formal porque se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Se trata de una marca que permite identificar los productos y servicios ofrecidos por los sectores de la economía social, facilitando su comercialización en el círculo registrado. También asesora sobre los procedimientos de registro en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

– Certificación de calidad en los procesos de producción. En un período de dos semanas, la cartera de Arroyo comenzará a financiar esta línea, de modo que los sectores de la economía tendrán acceso a una especie de certificación con las normas ISO.

– La creación de 400 mercados centrales donde los productores locales pueden ofrecer sus productos directamente a los consumidores, sin intermediarios que suban los precios de los alimentos.

En este sentido, una de las tareas que surgió fue la de promover un mapeo de los obstáculos a la comercialización y asegurar la “soberanía alimentaria” en todo el territorio nacional. Y aunque la jerga de los movimientos sociales no coincide con la del sector privado, confían en el Ministerio de Desarrollo Social que “todavía queda mucho por hacer” en cuanto a la complementariedad.

“Existe un compromiso real del sector privado de participar más allá de los diversos puntos de vista conceptuales y una gran voluntad de crear vínculos productivos entre los sectores”, concluyó Arroyo.