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El Consejo de la Magistratura pidió al Tribunal Supremo que rechazara el per saltum de los jueces transferidos

Lo hizo respondiendo a la demanda de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

El Consejo de la Magistratura pidió al Tribunal Supremo que rechazara el per saltum de los jueces transferidos

El Consejo de la Magistratura pidió al Tribunal Supremo que rechazara el per saltum de los jueces transferidos

El Consejo de la Magistratura de la Nación pidió hoy a la Corte Suprema que rechace la per saltum presentada por los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para continuar sus cargos como jueces a los que fueron transferidos.

Fuentes judiciales informaron a este diario que el Consejo, a través de su Presidente Alberto Lugones, respondió a la solicitud de los tres jueces en un documento de 39 páginas. . El martes, el tribunal dio al Consejo 48 horas para responder a la denuncia . Con la respuesta le toca ahora al Fiscal General Eduardo Casal decidir sobre la validez de las transferencias.

“Este órgano no tiene ninguna relación con el fondo de la cuestión que se discute”, dijo el Consejo sobre la discusión del Trsalado, añadiendo que “la cuestión es competencia exclusiva de otros poderes del Estado como el Ejecutivo Nacional y el Honorable Senado”.

En el centro de la discusión está la Resolución 183, por la cual el Consejo aprobó la revisión de los traslados de 10 jueces porque consideró que se realizaron de manera irregular y envió esta opinión al Ejecutivo. El gobierno de Alberto Fernández envió los casos al Senado, que analizó si las transferencias eran correctas o no. En los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ya los rechazó porque no habían comparecido en la audiencia de la Cámara de los Lores. Luego, , el ejecutivo publicó los decretos en los que pedía a los jueces que volvieran a sus puestos anteriores.

Bruglia y Bertuzzi fueron transferidos a la Cámara Federal de Komodoro Py, donde se escuchan todos los casos de corrupción, y Castelli al Tribunal Federal Oral, donde se cerró la audiencia oral de la Vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso de los cuadernos de corrupción. Ahora han regresado a sus antiguos tribunales – en los tres procedimientos orales – donde está de permiso hasta la decisión del tribunal .

“Cabe destacar que la intervención de este órgano en el procedimiento de traslado de los jueces se limitó a la mera emisión de una recomendación al Ejecutivo Nacional – como tal de carácter no vinculante”, explicó el Consejo en su presentación ante el Tribunal, señalando que esta intervención se llevó a cabo con las facultades que le confiere la Constitución Nacional como órgano encargado de la selección de los jueces.

Así pues, el Consejo señaló que la acción interpuesta por los jueces se dirigía erróneamente contra el ejecutivo o el Senado, que había tomado la decisión de revocar los traslados. “En resumen, no hay una explicación concreta ni en la acción derivada ni en el recurso federal extraordinario presentado para el cambio de tribunal por el delito específico que la Resolución Plenaria 183/20 infligiría a los proteccionistas”, dijo el panel que pidió al tribunal que rechazara el per saltum.

Por su parte, los tres jueces entienden que sin la intervención del Consejo, los pasos restantes no se habrían dado y por lo tanto solicitan que la Resolución 183 sea declarada inconstitucional. El Consejo ratificó lo que la mayoría de ellos había dicho al revisar las transferencias: que estas decisiones estaban incompletas porque no tenían la aprobación del Senado y por lo tanto no podían ser consideradas como nominaciones.

La misma respuesta que el Consejo dio hoy ya ha sido dada en los dos casos que los jueces – Bruglia y Bertuzzi juntos – han iniciado en el Tribunal Administrativo Federal. Los jueces apelaron al tribunal por Salum y el tribunal superior decidió el martes aceptar la propuesta para resolver el problema. El más alto tribunal decidió que era un caso de gravedad institucional que permitía per saltum.

El Consejo ha entendido que no hay gravedad institucional. “Según el concepto de la U.E., tal situación sólo se produciría si el juez -sin dar razones y sobre la base de su exclusiva opinión personal- decidiera apartarse de los extremos de hecho y de derecho del caso y llegar a una conclusión jurídicamente inaceptable, causando así un daño a una o ambas partes. En este caso, no ha pasado nada más”, dijo la agencia.