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El gobierno de Axel Kicillof busca expropiar tierras en el Conurbano para la construcción de prisiones: dudas de la oposición

Esto se debe a la superpoblación del distrito y a las quejas sobre la superpoblación. El Ministro de Justicia de Buenos Aires, Julio Alak, anunció que enviará un anteproyecto para avanzar en el plan de infraestructura.

El gobierno de Axel Kicillof busca expropiar tierras en el Conurbano para la construcción de prisiones: dudas de la oposición

El gobierno de Axel Kicillof busca expropiar tierras en el Conurbano para la construcción de prisiones: dudas de la oposición

El Gobernador Axel Kicillof impulsa la implementación de su “Plan de Infraestructura Penitenciaria”, con el que quiere reducir la sobrepoblación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. El proyecto consiste en la expropiación de terrenos privados o públicos en el área del Gran Buenos Aires con el objetivo de construir más de 2.000 plazas para futuras cárceles y correccionales.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, Julio Alak, en una reunión de comisiones de la legislatura bonaerense esta semana confirmó el envío del proyecto de ley con un anuncio que ya sembró dudas y preocupaciones en el bloque Juntos por el Cambio (JxC).

Como ha sabido este diario, la iniciativa pretende impulsar la construcción de dos pabellones carcelarios y diez alcaldías en el Gran Buenos Aires (GBA) en los municipios de Quilmes, Moreno, Merlo y La Matanza en un período de 10 años. Debido a la falta de tierras en la provincia, el plan se extendería a las tierras que pudieran ser declaradas caritativas y expropiadas.

En su presentación, Alak recordó que el distrito tiene una deuda histórica en el sistema penitenciario . El coronavirus y la controversia sobre las liberaciones al inicio de la cuarentena pusieron de manifiesto el déficit estructural por el que Argentina ya había sido condenada por hacinamiento en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La intención oficial es impulsar la construcción de casi 1000 plazas para cada una de las dos prisiones, mientras que otras 300 plazas se construirían en los otros distritos propuestos. En la primera fase, el grueso de la inversión proviene de una promesa de 12.800 millones de pesos hecha por el Presidente Alberto Fernández para hacer frente a la emergencia de la prisión.

Para avanzar en este plan de infraestructura, el gobierno de Axel Kicillof debe aprobar las expropiaciones antes de la legislatura de Buenos Aires. Sin embargo, la oposición ya ha proporcionado detalles sobre las tierras que se van a expropiar y ha exigido que la obra sea apoyada por los intendentes y el municipio.

“Pedimos al gobierno que solicite a los intendentes su opinión sobre el plan de infraestructura penitenciaria que se implementará en la provincia”, dijo Sandra París (UCR), vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

El legislador informó a este diario que la propuesta requiere un “acuerdo social” en cada municipio por la incomodidad que supone la construcción de una celda en la cárcel. “A nadie le gusta tener una prisión cerca de su casa”, advirtió el diputado de la oposición.

Según cifras oficiales, el sistema penitenciario de Buenos Aires tenía 51.725 reclusos y 24.000 plazas el 12 de diciembre de 2019. En otras palabras, el hacinamiento en las cárceles se estimaba en un 120 por ciento. Durante la cuarentena, la presión para alojar a los presos se trasladó de las prisiones a los servicios de la policía de Buenos Aires, , que endurecieron las condiciones de la prisión , según denuncias de organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).

Desde el ministerio de Julio Alak, informaron que la intención de construir cárceles en el área del Gran Buenos Aires se deriva del hecho de que el 70% de los detenidos tienen una residencia en el área mayor. En una serie de recomendaciones de las Naciones Unidas (ONU) conocidas como “normas de Nelson Mandela” uno de los criterios para la creación de nuevos lugares depende de la proximidad del lugar de residencia del prisionero.

Este catálogo de requisitos, que Axel Kicillof se esforzará por cumplir, estipula que las salas de detención no sólo deben servir para la ejecución de las sentencias, sino que también deben ser adecuadas para la reintegración de los reclusos. Es decir, deben contar con la infraestructura para llevar a cabo actividades de formación profesional, continuar sus estudios y operar diversos tipos de empresas productivas, como la plantación de huertas, y/o entrar en el mercado laboral a través de acuerdos con empresas y otros tipos de organizaciones.

Por el momento, además del anuncio de la creación de los 15 hospitales de la prisión, el Plan de Prisión de Kicillof prevé la finalización de unas 2.000 nuevas plazas para mayo de 2021. Como parte de este plan, ya se han inaugurado 364 plazas en Florencio Varela, San Martín y Magdalena.

En el bloque Juntos por el Cambio están listos para proceder a la aprobación del anteproyecto que permitirá la expropiación de los terrenos, pero el destino final de las nuevas cárceles sigue siendo objeto de negociaciones con los intendentes. Por lo tanto, lo que se envía al poder legislativo puede estar sujeto a cambios o incluso puede no ser utilizado por el gobierno de Buenos Aires en el futuro.

En los lugares donde se construyen las prisiones y las oficinas del gobernador, se debe observar el criterio de que las áreas deben ser adecuadas y no deben causar daño ambiental. En La Plata no quieren construir instalaciones en zonas residenciales o habitadas, como fue el caso más emblemático del complejo penitenciario federal de Devoto.

Sin embargo, las prisiones no estarán lejos de las zonas urbanizadas, ya que necesitan una infraestructura de servicios públicos. Las negociaciones con los intendentes se impondrán, no se excluye la resistencia. En Quilmes la intendentesa Mayra Mendoza ya ha dado su aprobación. “La construcción de una alcaidía no sólo resolverá el hacinamiento y la capacidad de las comisarías, sino que también proporcionará más seguridad en la zona. Podremos contar con los policías de Buenos Aires que actualmente se ocupan de estos presos en las comisarías”, dijo el intendente a la emisora local FM Sur 88.9.

Mientras tanto, la oposición pide al gobierno que impulse los concursos para jueces provinciales. Al final, son los funcionarios los que decidirán dónde se alojarán los privados de libertad.

“El traslado de prisioneros a lugares de mayor inmediatez requiere una respuesta rápida del poder judicial. El ministro Alak dijo que pronto enviarán el pliego de condiciones, esperamos que se atenga a él, porque no habrá jueces para analizar las situaciones procesales”, dijo el legislador de París, que es miembro del Consejo de la Ciudad de Buenos Aires.