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El Gobierno oficializó la validez del decreto que declara los servicios públicos de telefonía, Internet y televisión de pago

El DNU del Presidente Alberto Fernández fue discutido en la última sesión del Senado Nacional

El Gobierno oficializó la validez del decreto que declara los servicios públicos de telefonía, Internet y televisión de pago

El Gobierno oficializó la validez del decreto que declara los servicios públicos de telefonía, Internet y televisión de pago

En el Boletín Oficial, el gobierno regional confirmó oficialmente la validez del decreto que declara que los servicios públicos son la telefonía, Internet y la televisión de pago.

En la última sesión del Senado de la Nación, , el Frente de Todos obtuvo su mayoría a favor de la sanción del DNU de Alberto Fernández. Con 46 votos a favor del kirchnerismo y 26 en contra del partido Juntos por el Cambio, el decreto fue confirmado por la Cámara de los Lores después de más de 10 horas de debate.

Hoy lunes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 95/2020, en la que el Senado de la Nación -representado por las firmas de Claudia Ledesma Abdala de Zamora y el Secretario de Estado Parlamentario Marcelo Fuentes- “declara la vigencia del Decreto Ejecutivo Nacional Nº 690″”.

DNU 690/20 establece modificaciones a la Ley 27.078 de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e inserta un artículo en esta ley por el cual otorga el “carácter de servicio público en competencia” a los servicios de TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones “para y entre” sus licenciatarios. También estipula que la autoridad de ejecución -la Autoridad Nacional de Comunicaciones- “garantiza su disponibilidad efectiva”.

El DNU fue anunciado por Alberto Fernández el 21 de agosto. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado anunció que las tarifas de la telefonía móvil y fija, los servicios de acceso a Internet y la televisión de pago estaban congeladas hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, declaró que eran servicios públicos esenciales. Por lo tanto, las empresas que prestan estos servicios no podrán aumentar los precios para sus clientes en el futuro sin la autorización previa del Estado.

“De esta manera, recuperamos los instrumentos de regulación que el gobierno anterior le quitó al estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho reconocido constitucionalmente. A partir de ahora, no puede haber aumento sin el consentimiento previo del Estado”, dijo el Presidente.

Tan pronto como se hizo el anuncio, el sector de las telecomunicaciones rechazó la decisión, acusando al gobierno de haber emitido un decreto innecesario e injustificado. Aseguraron que las autoridades nacionales estaban interviniendo en el sector de esta manera.

En la reunión del jueves pasado, la oposición cuestionó fuertemente la acción del gobierno. “Llega de repente, no tiene un contenido concreto, crea incertidumbre y discreción y atenta contra la inversión. De esta manera estamos promoviendo los miles de millones de euros de inversión necesarios para 5G en Argentina y cerrando una brecha con el resto del mundo? La respuesta es no”, criticó el senador Martín Lousteau. Sin embargo, estaba abierto a apoyar una congelación de precios: “Es justo y necesario”.

Con discursos moderados, los legisladores de “Juntos por el cambio” rechazaron el decreto, pero apoyaron la decisión del gobierno de detener el aumento de los precios. De hecho, se apartaron del resto de la iniciativa debido a sus repercusiones en los planes de inversión del sector y a sus efectos en, por ejemplo, las cooperativas del interior del país. Y cómo promoverlos, por un decreto de necesidad y urgencia.

“Este DNU es demagógico, no es sostenible, es confuso. El sector productivo está preocupado, cambiamos las reglas del juego de un día para otro sin escucharlas, sin tenerlas en cuenta”, dijo Gladys González, legisladora de PRO y autora de una ley que declara a Internet como un “servicio público y humano”. “Por supuesto que estamos de acuerdo en congelar las tarifas en tiempos de una pandemia. Sin embargo, esto tiene un impacto en la calidad de los servicios. Es probable que las grandes empresas puedan apoyarlas, pero no las pequeñas y medianas empresas, ni las cooperativas, que en nuestras provincias son las que llevan la capilaridad de estos servicios”, añadió.

“Qué elegante es a veces decir no cuando en realidad es sí. Demasiada capacidad para el firulete cuando en realidad estamos discutiendo casi por casualidad”, dijo Alfredo Luenzo del Frente de Todos a su vez. “No nacionalizamos absolutamente nada”, comentó.