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El gobierno revisará cuándo y cómo los oficiales de policía deben usar sus armas reglamentarias

Una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial deroga otras dos de 2012 y crea un "Programa sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego" para analizar las acciones de la policía

El gobierno revisará cuándo y cómo los oficiales de policía deben usar sus armas reglamentarias

El gobierno revisará cuándo y cómo los oficiales de policía deben usar sus armas reglamentarias

El pasado fin de semana en un joven oficial vestido de civil fue asesinado en la fiesta de San Martín en Buenos Aires. Con su muerte, ya hay 20 policías heridos de muerte este año para el 2020. En medio de la escalada de violencia e inseguridad, el gobierno nacional creó un programa para analizar en qué casos los oficiales de policía deben usar su arma legal.

El asesinato del policía Juan Pablo Roldán en el corazón de Palermo A finales de septiembre se reabrió el debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y los protocolos que deben aplicar ante las amenazas en medio de la vía pública. Esa tarde un hombre con problemas psiquiátricos y armado con un cuchillo se enfrentó a Roldán y a otros dos miembros de la PFA. El criminal, identificado como Rodrigo Roza, se enfrentó a Roldán, quien inicialmente se negó a disparar para evitar los ataques; sólo lo hizo cuando ya era tarde y ya había sufrido una serie de puñaladas que finalmente lo llevaron a la muerte. A partir de ese momento, se reanudó la discusión sobre el uso de armas aturdidoras y las acciones de los oficiales en tales situaciones.

Hoy martes, el Ministerio de Seguridad, a través de la Boletín Oficial, derogó un programa lanzado en 2012, que tenía como objetivo promover las rutinas y principios de trabajo sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por parte de las fuerzas policiales, en conjunto con los lineamientos generales para las acciones de las instituciones de seguridad.

“Teniendo en cuenta los cambios y las discontinuidades que ha experimentado el programa en los últimos años, es necesario introducir cambios y actualizaciones que refuercen los componentes relacionados con la prevención y la reducción de las muertes y las lesiones, provocados por las intervenciones armadas de los funcionarios del Estado y la atención del personal, así como los que conducen a un análisis sistemático y efectivo de la información que permite identificar aspectos relevantes en el diseño de políticas públicas orientadas al uso racional de la violencia”, explicó el departamento que dirige Sabina Frederic.

La resolución 377/2020, publicada el martes, estableció el “Programa sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego”, que tiene por objeto actualizar las directrices establecidas en 2012.

Uno de sus objetivos será promover rutinas de trabajo y principios relacionados con el uso de la fuerza y las armas de fuego que “respeten los derechos humanos y sean coherentes con los principios internacionales aplicables” y elaborar medidas para promover el bienestar y proteger la integridad psicofísica del personal de la policía federal y las fuerzas de seguridad, así como medidas encaminadas a la capacitación, el fomento de la capacidad, el desempeño profesional, la doctrina, el equipo y la rendición de cuentas; vigilar y justificar las medidas administrativas y disciplinarias adoptadas para determinar la responsabilidad de la policía y el personal de seguridad que intervinieron en los acontecimientos; y garantizar la orientación y el apoyo profesionales al “personal afectado por estrés postraumático u otras condiciones relacionadas con el uso letal de armas de fuego”.

Este programa analizará la información, los antecedentes y los casos relativos al uso de armas de fuego por el personal de seguridad, “con el objetivo de desarrollar información y propuestas pertinentes de acuerdo con la política de este ministerio”, se aclaró.

También tendrá por objeto aplicar medidas para erradicar y prevenir las prácticas irregulares y los abusos funcionales en las fuerzas de policía y de seguridad.

Entre otras cosas, cooperará con la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional “en la investigación de hechos constitutivos de violaciones de los derechos humanos, en el marco de las normas internacionales que regulan el uso de la fuerza para que sean tratados de acuerdo con su pertinencia, con mecanismos ágiles que permitan la transparencia, la imparcialidad y la inmediatez para permitir una respuesta rápida y eficaz del Estado”.

En el marco de esta iniciativa, “se analizarán, evaluarán y propondrán los medios, directrices y protocolos de intervención y equipamiento del personal de la policía federal y de las fuerzas de seguridad que permitan intervenciones que reduzcan el lesbianismo y/o el uso de la fuerza no letal de acuerdo con los objetivos del programa.

Una vez establecidos los nuevos parámetros, se ordena a la PFA, la gendarmería, la policía de seguridad aeroportuaria y la prefectura naval “que adapten, en un plazo de 30 días naturales, los reglamentos y los criterios de organización y dotación de personal para adecuar sus procedimientos internos a las directrices generales establecidas por el programa en caso de utilización de armas de fuego en la que participe su personal”.

En el marco del Gabinete de Asesores que participará en la preparación de esta iniciativa, se creará un Comité de Seguimiento y Coordinación, integrado por dos representantes de la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género, la Subsecretaría de Control Institucional y Transparencia, la Subsecretaría de Capacitación y Desarrollo Profesional y cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que serán nombrados en las próximas 48 horas.

“Es conveniente y necesario realizar cambios en los lineamientos generales de acción para que sean consistentes con una perspectiva de derechos humanos, de bienestar, de prevención y de control por un lado, y con el apoyo institucional y la elaboración de políticas públicas basadas en un análisis cuantitativo y cualitativo de los casos de uso de armas de fuego y de muertes por fuerza letal por el otro”, se enfatizó la resolución firmada por Sabina Frederic.