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El Senado avanzará con la eliminación de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio insistirá con la ilegalidad de la forma de sentarse

Cristina Kirchner propuso añadir cuatro senadores al debate en la sala. La oposición lo considera insuficiente y no validará el nuevo protocolo

El Senado avanzará con la eliminación de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio insistirá con la ilegalidad de la forma de sentarse

El Senado avanzará con la eliminación de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y Juntos por el Cambio insistirá con la ilegalidad de la forma de sentarse

El interbloqueo de “Juntos por el cambio” decidió no aprobar el nuevo protocolo de acceso remoto en el Senado, por lo que en la sesión prevista para hoy votará en contra del nuevo protocolo y mantendrá su cuestionamiento de la legalidad de los votos. En este contexto, los senadores de la principal oposición intentarán invalidar el debate y la votación del proyecto de ley que reduce los fondos que el estado da a la ciudad para la transferencia de las competencias de la policía federal. Utilizando los mismos criterios, desafiarán el voto del nuevo régimen de la economía basada en el conocimiento. También decidieron que asistirían a todo el período de sesiones, utilizarían todo el tiempo disponible para hablar y que no se separarían hasta que se votaran las iniciativas.

Anoche, el Vicepresidente emitió un decreto de última hora que amplía la agenda para incluir una lista de jueces propuestos por el poder ejecutivo del Senado.

Los radicales y los makristas han estado involucrados en un intenso debate en los últimos días sobre si deben o no asistir a la reunión. La tensión se intensificó después de que Cristina Kirchner abogara por la renovación del protocolo de operación a distancia, sin incluir las demandas de la oposición, como la celebración de reuniones para el trabajo parlamentario y permitir una mayor presencia en los locales. El kirchnerismo impuso la modalidad por teleconferencia durante otros 60 días y con el voto de la mayoría de los presentes. La oposición cree que dos tercios de los votos son necesarios, por lo que se propuso la protección legal.

Esta semana hubo varias conversaciones entre el jefe del interbloqueo de los Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y José Mayans del Frente de Todos para llegar a un acuerdo. También hubo un intercambio entre Julio Cobos (UCR) de Mendoza y Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque progubernamental, quien fue escuchada muy atentamente por Cristina Kirchner. Naidenoff reiteró las condiciones del interbloqueo que dirigió, incluida la posibilidad de contar con la presencia de senadores que roten en la misma sesión (por ejemplo, viendo el debate desde sus oficinas y sentándose en un banco sólo durante el tiempo de su discurso). El Vicepresidente aceptó una parte que no satisfizo a los oponentes: Sólo dos senadores adicionales por cada uno de los bloques mayoritarios podrán hablar, escribió Cristina Kirchner en un nuevo decreto.

Después de acercarse mucho ayer al mediodía, los senadores acordaron que era mucho menos de lo exigido y que el nuevo decreto cita exactamente el protocolo que se votó por mayoría y no por dos tercios de los votos. Votar a favor de la enmienda sería un paso atrás en la protección jurídica que algunos senadores no están dispuestos a dar. Fue la posición que prevaleció en el Interbloque, donde también estuvieron en desacuerdo con la agenda de los temas propuestos por el gobierno.

A pesar de la obstinada demanda de la ordenanza, la mayor batalla será sobre los otros dos puntos de la agenda. Uno de ellos es el régimen de la economía basada en el conocimiento, que otorga ventajas fiscales al sector. La semisanción ha sido modificada en el Senado para que sea devuelta a la cámara original, es decir, a la Cámara de Diputados.

El otro asunto que ambas partes enfrentarán es el Acuerdo sobre la transferencia gradual de poderes y funciones de seguridad en todos los asuntos no federales ejercidos en la Ciudad de Buenos Aires . A petición del Ejecutivo, las partidas presupuestarias se determinarán a partir de la aprobación de la ley. De hecho, significará una nueva distancia para la Ciudad, que se añadirá al Decreto Presidencial, que reducirá en un punto los puestos asignados por Mauricio Macri, también por medio de un decreto.

El texto establece que las remesas que se actualizarán cada tres meses serán de 24.500 millones de pesos al año. La actualización se basa en un índice compuesto por el 80% del índice nominal del salario medio de la Policía Federal y el 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Varios senadores querían tener el debate como en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Son los que han asumido el voto de la defensa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, senadores de la capital, y Esteban Bullrich y Gladys González, quienes, aunque representan a Buenos Aires, la provincia que recibe todo lo que se le quita a la ciudad, consideran que el acuerdo es inconstitucional.

Con una cómoda mayoría, el Frente de Todos no tendrá problemas para avanzar y darle media sanción. Por lo tanto, la estrategia de los senadores de perder un voto que perderían es más valiosa para Rodríguez Larreta.

La semana pasada, el proyecto de ley fue aprobado por una comisión y sólo recibió la opinión del Frente de Todos después de que varios abogados, abogados constitucionalistas, funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad y el Ministro de Hacienda de Buenos Aires fueron presentados. Los oradores que defendían la administración de Rodríguez Larreta consideraron inconstitucional una decisión tomada por el ejecutivo sin la aprobación de la ciudad. Por otra parte, subrayaron que las conversaciones habían durado varios meses y que el gobierno de Buenos Aires no quería renunciar a “un privilegio”.

El senador Tagliaferri advirtió: “No estamos castigando a un líder de la oposición, estamos castigando a seis millones de argentinos y estamos castigando la Constitución”, mientras que Carlos Caserio de Córdoba (Frente de Todos, como presidente de la Comisión de Presupuestos) consideró el acuerdo como un acto de “justicia”. El ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, consideró que “los autores serán víctimas” porque “no se trata de una coparticipación federal”, y Bullrich volvió a considerar la iniciativa como “un atropello” contra uno de los líderes de la oposición.