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El Senado de Buenos Aires aprobó un proyecto para acelerar la restitución de las propiedades usurpadas

La Cámara Alta de la Provincia dio media sanción a la iniciativa que busca establecer un plazo máximo de 72 días para devolver las propiedades a sus legítimos dueños sin necesidad de esperar el proceso de desalojo

El Senado de Buenos Aires aprobó un proyecto para acelerar la restitución de las propiedades usurpadas

El Senado de Buenos Aires aprobó un proyecto para acelerar la restitución de las propiedades usurpadas

El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó hoy por unanimidad un proyecto auspiciado por Juntos por el Cambio para acelerar la devolución de los bienes usurpados a sus legítimos dueños sin tener que esperar el proceso de desalojo. La iniciativa ahora va a la Cámara de Representantes con media sanción.

El proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Allan y Leandro Blanco prevé la modificación del artículo 231 del Código Procesal Penal de Buenos Aires, que regula la devolución provisional de bienes en los casos iniciados por el delito de usurpación, “en atención a la necesidad de corregir la lentitud de los mecanismos procesales y evitar la consolidación de la usurpación”.

El legislador es consciente de que la normativa vigente hace más compleja la forma en que se lleva a cabo la adquisición de tierras y todas las medidas y dilaciones que permiten una mayor permanencia e incluso la venta de tierras de manera irregular “a las demás víctimas del mismo delito”.

En consecuencia, mediante la modificación del artículo 231, el fiscal interviniente, la víctima o la parte perjudicada podrá solicitar al juez de garantía que restablezca provisional e inmediatamente la posesión o la propiedad de los bienes ocupados ilegalmente, siempre que este derecho afirmado sea creíble. El juez competente dispondrá de un plazo máximo de 72 horas para resolver la solicitud y, si se concede, para ordenar el desalojo. Debe quedar claro que la redacción actual establece que dicha solicitud debe ejecutarse en el plazo más breve posible, pero no impone ninguna limitación, por lo que los procedimientos suelen ser largos.

La disposición también prevé un plazo de 24 horas en el que el juez puede dictar una orden provisional de no efectuar ningún cambio en la propiedad -durante el período que considere apropiado- “para que los efectos de la apropiación ilícita no afecten más al derecho a la propiedad privada”. Dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud, el juez también puede convocar una audiencia en la que el acusado tenga la oportunidad de presentar pruebas.

La iniciativa se elaboró a raíz de los incidentes ocurridos en el sitio de Guernica y en vista de la preocupación por los reiterados casos de confiscación de tierras, un problema cada vez más frecuente. Un ejemplo de esto es que 4 300 hectáreas fueron usurpadas en la provincia de Buenos Aires sólo entre julio y agosto.

“El objetivo de este proyecto es proporcionar a la judicatura las herramientas para aclarar rápidamente las usurpaciones. En Guernica, se tardó más de 20 días en emitir la orden de desalojo y otros 100 en ejecutarla. Con este proyecto estamos hablando de reducirlo a menos de la mitad”, dijo el senador Walter Lanaro durante la sesión.

El Senador Radical Leandro Blanco, quien promovió el proyecto de ley, dijo que era necesario encontrar una solución y responder rápidamente a las víctimas de este tipo de conflicto. “Estamos tratando de proporcionar al poder judicial las herramientas necesarias para resolver las solicitudes de restitución de propiedad de manera rápida y eficiente”, dijo.

Y dijo: “Debemos ser categóricos: La apropiación indebida es un delito y como tal requiere la acción del Estado. Reconocemos que existe un problema de vivienda, pero tolerar la apropiación de tierras no resuelve el problema, sino que lo empeora”.

En este sentido, en relación con las recientes confiscaciones, el legislador lamentó que “en muchos de estos terrenos se están construyendo casas, urbanizaciones y espacios públicos, proyectos rodeados de usurpaciones”. Por esta razón, concluyó que “es imposible pensar en una coexistencia democrática en paz sin la plena vigencia del estado de derecho y el imperio de la ley”.