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Guernica: las condiciones establecidas por la justicia para extender el desalojo de las 100 hectáreas usurpadas

El juez Martin Rizzo prorrogó el plazo nuevamente y la propiedad debe ser liberada entre el 15 y el 30 de octubre.

Guernica: las condiciones establecidas por la justicia para extender el desalojo de las 100 hectáreas usurpadas

Guernica: las condiciones establecidas por la justicia para extender el desalojo de las 100 hectáreas usurpadas

El juez de garantías de Cañuelas nº 8, Martín Miguel Rizzo, volvió a prorrogar el desalojo de las 100 hectáreas privadas tomadas en Guernica. La nueva fecha será entre “el 15 y el 30 de octubre del mismo mes”, sujeto a ciertas obligaciones que el gobierno de Axel Kicillof debe respetar: que las familias “abandonen la tierra voluntariamente”, que “acepten reasentarse de nuevo en su distrito de origen” y que “se organice un plan de acción para evacuar la tierra pacíficamente”, entre otros puntos. En su resolución de 24 páginas, el juez tuvo en cuenta el anuncio hecho por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires el jueves 29 de septiembre, quien informó sobre el “Plan de Tierras, Vivienda y Hábitat de Buenos Aires” que prevé la construcción de más de 33.000 viviendas y la demarcación de 91.000 parcelas con servicios para resolver el déficit habitacional.

La resolución del Consejo Municipal fue conforme a la petición de los funcionarios de Kicillof que asistieron a la audiencia virtual con el Consejo Municipal, el Ministro de Desarrollo Comunitario, Andrés “Cuervo” Larroque, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Ambos le habían pedido, junto con la Ministra de la Mujer, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, que prolongara el desalojo hasta el 14 de octubre, con el fin de inducir a los usurpadores a abandonar el país pacíficamente.

En disonancia, el fiscal de la causa, Juan Condomí Alcorta, manifestó su oposición a la medida, alegando, respecto de los propietarios de los terrenos en litigio, que “además de las personas del decomiso, 5 víctimas a las que nadie ha consentido ni se ha acercado, salvo los firmantes, que están siendo amenazados”. Por la misma razón, también dejó claro que está en contra de nuevas prórrogas “porque no sabe si puede seguir garantizando la seguridad de estas víctimas” y advirtió que muchas de las personas involucradas en la incautación no se irán voluntariamente, ni ahora ni dentro de 90 días.

El fiscal, por lo tanto, abogó por “extender el desalojo hasta el 5 de octubre a más tardar”. Para no ser malinterpretado, Condomí Alcorta dejó claro que “por supuesto que no quiere que haya situaciones conflictivas”, pero “debemos velar por los derechos de las víctimas”.

Por su parte, el abogado de oficio, Juan Pablo Stasi, sugirió al juez Rizzo que “los plazos para las expulsiones masivas deben ser apoyados si las tareas se llevan a cabo realmente, para que las expulsiones se realicen pacíficamente”.

Después de las demandas del magistrado para que se aplazara el desalojo previsto para hoy y se prorrogara para el 15 de octubre -o en su ausencia durante los días siguientes hasta el último día hábil de octubre- tuvo en cuenta que “el plan de emergencia elaborado por el Estado provincial ha dado resultados positivos no sólo en lo que respecta al abandono voluntario de los habitantes de los locales que son objeto del litigio, sino también en lo que respecta a las necesidades de las personas en situación particularmente precaria”.

El juez se refirió así a una serie de situaciones acreditadas en la audiencia virtual, que duró más de cuatro horas. Por ejemplo, que “208 familias abandonaron la propiedad voluntariamente”, que “otras 300 podrían hacer lo mismo en las próximas horas” y que “el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, logró persuadir a 20 familias para que se mudaran a su distrito”.

La audiencia también tuvo en cuenta y reflexionó sobre el hecho de que durante la toma de posesión “se descubrieron 52 casos de violencia de género, con 35 casos intervenidos con éxito” y que “muchas de estas mujeres huían de las agresiones durante la toma de posesión”, pero muchos de ellos junto con el agresor, por lo que se necesita un período más largo para abordar este problema, ya que la vida de las mujeres y los niños que están con ellos está en peligro, y que más tiempo nos permitirá adoptar un enfoque integral desde una perspectiva de género”.

Los ministros Larroque y Alak también destacaron que “con la intendentesa del presidente Perón, Blanca Cantero, se organizará el plan de acción para la evacuación pacífica del terreno”.

El contexto de la audiencia de ayer estuvo marcado por emergencias y momentos de tensión. Los grupos de izquierda que, según Larroque, “se hicieron cargo” de la confiscación prometieron “oponerse” al desalojo con un “abrazo solidario” de la propiedad. Mientras tanto, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, ya había destacado a más de 500 miembros de su fuerza policial cerca de la comunidad de Presidente Perón para llevar a cabo el desalojo bajo la supervisión del fiscal.

Otras organizaciones sociales cercanas al gobierno del Presidente Alberto Fernández, como el Movimiento Evita y el CETEP, se habían manifestado en contra del desalojo violento y a favor de una solución habitacional con “terrenos con servicios” para las más de dos mil familias que conforman la mega-adquisición de terrenos privados en Guernica.

“Un desalojo forzoso enviaría el mensaje equivocado. Una solución pacífica enviaría el mensaje de que el diálogo es el camino a seguir, que la propiedad tiene una función social y que de esta manera la respuesta principal debe darse a las principales víctimas, es decir, a las personas que no tienen un lugar donde vivir”, resumió la senadora provincial María Reigada, miembro de la CTA y profesora, durante el juicio.

Sus palabras fueron transcritas en la resolución por el Juez Rizzo. El legislador también recordó -en forma compuesta- que la toma de posesión de Guernica fue “un conflicto de enormes proporciones” y que “hay que destacar los planes lanzados por el gobernador” para resolver parte del drama inmobiliario que se arrastra desde hace décadas.

Ante el magistrado, el ministro Larroque recordó que el domingo pasado unas 50 personas, “que se creía representaban a las familias de la toma de posesión”, no permitieron que entrara en el país la asistencia social que el Estado provincial quería concederles. Entre ellos había 10.000 kilos de comida, zapatillas, pañales y alcohol en gel.

Por su parte, el abogado que representaba a la comunidad del Presidente Perón en la mesa de diálogo hizo una admisión al juez “de la intervención del Estado provincial en relación con las medidas tomadas para resolver el conflicto, advirtiendo que los recursos de que disponía la comunidad se habían excedido” y que “el problema es evidente en los barrios que rodean la toma de posesión”, apoyo a la resolución pacífica del conflicto, sin olvidar mencionar a los vecinos que viven en la zona desde hace años, cuyos derechos también están siendo violados y que también merecen una solución a sus problemas”, por lo que “se acompaña de la ampliación de los plazos propuestos, pero la solución no debe tardar mucho en crearse una situación incómoda en el distrito”.

En este contexto, el juez de garantías se pronunció una vez más a favor de una solución pacífica del conflicto, la intervención del Estado para resolver el problema de vivienda de “los más perjudicados” y un desalojo no violento.

En caso de que no se llegue a este acuerdo antes de la fecha fijada, el magistrado “concedió al fiscal la facultad de utilizar, si es necesario, la asistencia de la autoridad pública, que debe hacerlo con el mayor cuidado para la integridad física de las personas que ocupan los bienes y los bienes que se encuentran en ellos, recurriendo al uso de la fuerza cuando sea indispensable y lo menos posible”.