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La comisión de juristas de Alberto Fernández quiere debatir los traslados de los jueces y se pospuso la participación de la Corte Suprema

Durante esas horas estuve trabajando en la reforma del Consejo de la Magistratura. Las fuentes consultadas revelaron a este diario que están analizando la exclusión de los senadores del cuerpo y del representante del Poder Ejecutivo. Pero la discusión sobre los magistrados se deslizó a través de

La comisión de juristas de Alberto Fernández quiere debatir los traslados de los jueces y se pospuso la participación de la Corte Suprema

La comisión de juristas de Alberto Fernández quiere debatir los traslados de los jueces y se pospuso la participación de la Corte Suprema

Con la Corte Suprema a la cabeza, y a punto de dictar un veredicto sobre los jueces transferidos, la Comisión de Juristas convocada por el Presidente Alberto Fernández para tratar la reforma de la Corte Suprema trabaja en silencio El debate sobre el Tribunal Supremo aún no ha comenzado.

El gobierno había acordado invitar formalmente a los jueces de la Corte Suprema a participar en la comisión que está analizando su reforma. Esta invitación aún no ha llegado al cuarto piso del Palacio de Justicia. “El ejecutivo esperará, por razones obvias”, se escapó de las fuentes de la Casa Rosada, consultadas por este diario.

En el círculo cerrado de la comisión, entienden el paso. También creen que la invitación aplazada no saldrá de las oficinas oficiales en medio del clima de tensión que ha surgido en los últimos días. Si Elena Highton ya hubiera asistido a la presentación en la Casa Rosada, nadie puede garantizar que no haya otro desaire que sea un desgaste innecesario para el gobierno.

Este martes, cuando la Corte Suprema firmó el Per Jumpum, que sorprendió al gobierno, los 11 expertos trabajaron sin comentar las noticias que se habían discutido a lo largo de la semana en el mundo legal (y político). No hubo ninguna mención en el zoom previsto, aunque el jueves en WhatsApp circuló que todos compartían la respuesta que el Consejo de Magistrados envió al tribunal para pedirle que rechazara el recurso solicitado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Precisamente, el Consejo de la Magistratura es otro objetivo de la Comisión nombrada por el Presidente. En la actualidad, como han revelado a este diario fuentes judiciales, se está debatiendo la idea de aumentar el número de miembros, como sugieren estos medios. Aún no han fijado un número para esto, pero están tratando de llegar a un acuerdo. “No queremos los 13 de ahora o los 20 de antes”, dijeron. Hay un cierto consenso para esta ampliación de que debe haber menos participantes políticos.

Además, los tres senadores que componen el panel y que también omiten al representante del poder ejecutivo están incluso siendo considerados, según fuentes consultadas por este diario. ¿Por qué? Porque tanto el Senado como el poder ejecutivo son parte del procedimiento de nombramiento de los jueces.

“Estas son las cosas que se están discutiendo. No hay nada por escrito todavía. Y al parecer, al analizar el Consejo de la Magistratura, es imposible no tener en cuenta los 1.300 funcionarios y la productividad de los últimos años, con retrasos en los procedimientos de selección y en la investigación de los jueces acusados”, dijeron los encuestados.

Sin embargo, en medio del debate sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, surgió en el debate público el problema del traslado de los jueces, que no estaba incluido en el orden del día propuesto originalmente por Alberto Fernández. Hay algunos miembros que quieren incluirlos en el debate en este mismo bloque de trabajo.

no es un detalle insignificante. Fue el Consejo de la Magistratura durante el Macrismo el que promovió las transferencias que ahora se cuestionan. Y es el actual magistrado quien decidió revisar lo que se había hecho dos años antes. Fue impulsado por el miembro del ejecutivo, Gerónimo Uztarroz, y los funcionarios del organismo, junto con la diputada, Graciela Camaño, entendieron que era necesario revisar diez de estos pasaportes.

Ahora es la Corte Suprema la que revisa la solicitud de Amparo de tres de los jueces que no fueron a la audiencia del Senado para confirmar sus nuevos deberes. El Per Jumpum que los cinco miembros del Tribunal Supremo decidieron abrir – a pesar de sus luchas internas – hizo que el ejecutivo se inquietara, y están esperando la definición del fondo, es decir, lo que sucederá con el destino de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pero también podría afectar al destino de los otros siete jueces que han comparecido en la audiencia del Senado, entre ellos Eduardo Farah y Federico Villena.

La Comisión de Juristas podría incluir su posición en las recomendaciones a Alberto Fernández. “Las transferencias deben ser detenidas de una vez por todas”, le dijeron a este diario en voz baja.

La comisión, coordinada por el abogado Fabián Musso – director del BICE – está compuesta por los abogados Carlos Beraldi – defensor de Cristina Kirchner -, León Arslanian – ex juez del juicio de las Juntas y ex Ministro de Justicia -, Andrés Gil Domínguez -abogado constitucional que participó en el debate sobre el derecho de los medios de comunicación ante la Corte por el Grupo nuestras fuentes-, Gustavo Ferreyra -colega de Eugenio Zaffaroni- y Marisa Herrera -especialista en derecho de familia-. Además, los ministros de los tribunales locales fueron Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), Omar Palermo (Mendoza) María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) e Inés Weinberg de Roca (Capital Federal, quien también fue la candidata propuesta por Mauricio Macri para Fiscal General). Y Enrique Bacigalupo, un ex juez de España, donde vivió durante 40 años después de exiliarse en los años 70.

Los expertos se ocuparon primero de la cuestión de la fiscalía, luego del traslado del sistema nacional de justicia penal a la órbita de la ciudad y, por último, de la realización del juicio con jurado a nivel nacional. Ahora se centraron en el Consejo de Magistrados. La cuestión del Tribunal Supremo no se planteará hasta el 13 de octubre. El escenario ayuda a aumentar las expectativas sobre las decisiones que tomará. Aunque sólo sean propuestas que el jefe de estado pueda rechazar o convertir en un proyecto de ley para probar suerte en el Congreso.

“No es casualidad que hayan pospuesto este tema hasta el final, sabiendo que esto es lo que creará más presión, es mejor mantener un perfil bajo”, según fuentes consultadas por este diario. “Hasta ahora, el 80 por ciento de lo que se está discutiendo es académico, aunque algunos aspectos políticos se interpongan. Hasta ahora el clima en el comité es muy bueno. Cuando llegue la Corte, la discusión real comenzará allí.

Otro entrevistado, sin embargo, declinó que podría haber problemas. “La Corte no será un conflicto, sino todo lo contrario. Hemos identificado plenamente los problemas: el número de casos, la falta de plazos y la forma en que se pueden resolver las denegaciones. Si hay algo en lo que estamos de acuerdo, es en que la Corte no está funcionando tan bien como debería.

La discusión sobre el tribunal superior continuará durante un mes. El 18 de noviembre tendrán que presentar sus recomendaciones al jefe de Estado. Por el momento algunos ya están preocupados por si llegarán a tiempo para escribir. “Ya tenemos el diagnóstico, ahora tenemos que hacer las recomendaciones y definir si llegaremos a un consenso mayoritario o si habrá opiniones minoritarias”, dijeron.