Skip to content

La Corte y las adquisiciones: un juego político entre Alberto Fernández y CFK que debilita el nombramiento de Rafecas

Una frase de Elisa Carrió puso al rojo vivo la situación interna entre el Presidente y su Vicepresidente. ¿Por qué no se puede modificar la ley de la Procuración, a la luz de todas las deficiencias de una Constitución que creíamos perfecta

La Corte y las adquisiciones: un juego político entre Alberto Fernández y CFK que debilita el nombramiento de Rafecas

La Corte y las adquisiciones: un juego político entre Alberto Fernández y CFK que debilita el nombramiento de Rafecas

Esta semana estuvo marcada por varias noticias relacionadas con el funcionamiento del Estado, que nos hacen reflexionar sobre un grave problema en los tecnicismos de la administración. Vivimos a la sombra de las decisiones de la Corte Suprema. Y estamos acostumbrados a soportar un sistema tan fácil en el que las reglas pueden cambiarse con tanta facilidad que si a una vicepresidenta no le gusta el candidato al cargo de Fiscal General propuesto por el Presidente, puede reinventar la ley, incluso si puede ser impugnada como inconstitucional.

Ya en el primer trimestre de este año Alberto Fernández había convocado una comisión de abogados para asesorarlo sobre si aumentar o no el número de jueces en la Corte Suprema. Luego vino el levantamiento de los traslados de los jueces federales por decreto, que Mauricio Macri también había llevado a cabo por decreto. Hay una lista interminable de jueces que se encuentran en la misma situación, pero el Senado eliminó rápidamente a tres de ellos: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Finalmente, la Corte Suprema, en apelación, emitió un acuerdo de cuatro miembros más el voto del solitario Presidente Carlos Rosenkrantz: todos los jueces deben regresar a sus puestos hasta que sean reemplazados por el mecanismo apropiado. Algunos vieron que el tribunal se contradecía, pero si leen todo el veredicto, encontrarán un pequeño palo en el Consejo de Magistrados que, hablando en criollo, les pide que no cambien las reglas cada dos o tres años.

En Argentina, el procedimiento para nombrar un juez puede tomar entre dos y diez años. Hay muchos ejemplos, e incluso hay un juez de Komodoro Py que ha estado esperando por lo menos siete años para ser nombrado como camarada. El miércoles el Presidente en ejercicio del Consejo dijo que en seis meses los sucesores de Bruglia y Bertuzzi estarían listos. Despiadado, inexperto, cinismo o anularán todas las demás competiciones. Elige tu propia aventura.

Como si esto no fuera suficiente, la Corte debe recordar a todos que hasta esta fecha las acciones de los jueces ya no serán verificables una vez que se haya confirmado que lo que se está haciendo se está haciendo y que el Presidente de la Nación, cualquiera que sea su color, debe en adelante abstenerse de trasladar a los jueces de un lugar a otro si no pertenecen a la misma especie.

En el centro de toda esta conspiración política está el viaje del ego. Sólo pocas personas conocen a CFK tan bien como Elisa Carrió. Y parece que lo peor que Lilita podría hacer al vicepresidente es decir que está de acuerdo con el candidato al cargo de procurador, el juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente. Todos subestimaron el poder de perjudicar a Carrió: una declaración y Cristina se resistió a Alberto Fernández. Marcela Losardo clavó la lanza y dijo que el único candidato promovido por el poder ejecutivo es y será Rafecas.

Pero si Cristina quiere otro nombre, tiene un bloqueo. Se necesitan dos tercios de todos los senadores para elegir un Fiscal General, lo cual es prácticamente imposible de lograr sólo por el gobierno, a pesar de que tiene la mayoría en la cámara alta. ¿Qué gran idea tiene Cristina? Cambiar la ley sobre el ministerio público y que todo se resuelva con la mitad más uno de los presentes, lo cual era inconstitucional desde el principio. El Vicepresidente tuvo la decencia de mostrar que el kirchnerismo tenía algo que dar: que el mandato del Fiscal General no es de por vida.

¿Alguna vez te has preguntado, querido lector, cómo sucede todo esto? ¿Nunca se le ha ocurrido que un país que se llama a sí mismo federal tiene provincias que dependen de los ingresos de otros para sobrevivir? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es que en un país de este tamaño basta con ser presidente para hacer un buen número en tres o cuatro municipios y, si se pinta, en cualquier provincia?

El meollo del asunto Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Sigmund Freud. Puede que no tengan nada en común -no sé si los anteriores presidentes eran psicoanalistas- pero estos últimos acuñaron una figura metafórica para expresar el caso en que los sujetos maduramos y dejamos de admirar a nuestros mayores como niños para verlos como iguales, sin perder necesariamente la admiración. Pero Alfonsín y Menem cometieron un parricidio literal a la Constitución de Filadelfia, padre directo – junto con la mayoría de sus enmiendas – de la Constitución Nacional de 1853/60.

Después del colapso institucional, económico y social de la década de 1980 y la subsiguiente estabilización económica y política de los primeros años de Menem, el entonces presidente comenzó a coquetear con la idea de reformar la Constitución para obtener un segundo mandato. Durante su presidencia, Alfonsín había buscado modificar la Constitución argentina, pero con otros fines, como la creación de más órganos de control para reducir el hiper-presidencialismo, algo que los radicales consideraban uno de los mayores males de la Argentina.

Como Alfonsín vio la posibilidad de detener la reforma que pretendía el judicialismo, decidió acordar con Menem un núcleo de coincidencias fundamentales para iniciar una reforma constitucional, y allí fuimos.

Ahora que todo el mundo tiene una opinión sobre la injusticia del sistema electoral en los Estados Unidos, donde el candidato que recibe menos votos puede llegar a ser presidente de todos modos, es bueno recordar que la primera pérdida que nos dejó la reforma de 1994 es la abolición del Colegio Electoral, que fue copiado del país del norte y tenía allí un significado que todavía tiene: El pueblo está representado en la Cámara de Diputados, las provincias – o estados – están representados en el Senado, y el Jefe de Estado no es el Presidente del pueblo, sino el Presidente de los Estados Unidos de América. O la de la República Argentina.

La idea es federalista. Si los Estados Unidos tuvieran un voto directo, bastaría con hacer una buena elección en un puñado de ciudades. Para ponerlo en perspectiva: Sólo el estado de California tiene 40 millones de habitantes.

Argentina copió el modelo por una simple razón: Durante años, el colegio electoral obligó al presidente a hacer algo más que mimar a los residentes de dos o tres distritos. Pero salió el voto directo, algo que celebraron en Olivos.

Interesantes adiciones vinieron de la oposición, incluyendo la Auditoría General de la Nación (AGN), el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.

Aquí viene lo bueno: el artículo 85 de la constitución reformada establece que la NGA “se integrará en la forma prevista por la ley que rige su creación y funcionamiento”. Lo mismo se aplica al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público. Es obvio que el común denominador es que han insertado instituciones crudas en la Constitución y han entregado la piedra al Congreso de la Nación. El punto es que las constituciones son difíciles de reformar, y todo lo que se necesita en el Congreso es un hilo rojo.

Lo que es aún más increíble es que la Constitución establece cómo funcionará el poder ejecutivo, cómo se compondrá el Congreso, pero no dice nada sobre la composición de la Corte Suprema, algo que podría hacer con calma y ahorrarnos mucho debate que sólo haría que el ya politizado poder judicial se politizara aún más.

Como abogado constitucionalista con presencia en los medios de comunicación, decidí visitar a mi antiguo profesor de derecho constitucional. No mencionaré el nombre porque no es su culpa que yo trabaje como periodista.

“El capítulo de la justicia le tocó muy poco. Fue el menos tocado. Por eso se mantiene la exención del impuesto sobre la renta. Lo único que cambió del estatuto del juez fue la limitación a 75 años. El resto estaba contenido en las llamadas cláusulas abiertas.

El doctor explica la razón de esta ausencia en “la finitud del consenso de 1994”, algo que resume en “un pacto entre dos caudillos”: A Alfonsín le preocupaba someter al presidente al control e inclusión de los tratados internacionales, y Menem sólo quería la reelección”.

Lo que contaba era el núcleo de las “Coincidencias Básicas”, que incluía incluso la figura del Jefe de Gabinete, con el objetivo de debilitar el presidencialismo. No te rías. El resto lo patearon hacia adelante. Por eso, justo después de la adopción de la nueva constitución, el distinguido abogado Germán Bidart Campos juzgó que no era “ni una obra ni una obra de arte”.

“Si la constitución dice ‘la ley será reparada’, entonces saca el arma, lo cual es un problema para después”, dice un abogado con una larga carrera en el poder judicial, y añade: “El legislador de la constitución no resolvió el problema, y ahora explota. Es como el párrafo 19 del artículo 75 (desarrollo humano, protección de la moneda, unión nacional, progreso económico, etc.): Es un poema, pero no hay forma de traducirlo a la realidad. Y ese es el problema con una constitución declarativa: socava la conciencia constitucional. Si no se cumple la norma, al final nadie cree en la norma. Y acordemos que existe el riesgo de que una constitución no sea creíble.

El número de miembros de la Corte ni siquiera se mencionó porque, parafraseando a Alfonsín, no podían saber, no querían saber. Además, el menemismo se produjo porque el número de miembros del tribunal máximo se elevó a nueve miembros en 1990. Cosas de la vida: en los Estados Unidos, algunos demócratas quieren ampliar aún más la Corte. Y luego miramos de reojo a Alberto Fernández.

Caza furtiva. El texto de la Constitución es aún más abierto en lo que respecta a la figura del Fiscal General de la nación. El artículo 120 de la Constitución crea el Ministerio Público y establece en él un Fiscal General y un Defensor del Pueblo. Pero también convierte su organización en una ley que la regula.

El ex votante convencional Jorge Yoma dijo en un diálogo con este diario que la figura del fiscal “entró al final del congreso y como no hubo tiempo de discutir los detalles, salió de nuevo”.

Yoma marca aquí algo que nadie se ha atrevido a sospechar hasta ahora, y es lo que los abogados constitucionales llaman leyes constitucionales, es decir, las que deben ser dictadas por el orden constitucional y con un consentimiento que hace el cambio prácticamente imposible. Ejemplo fundamental número uno y, con mucho, el más importante: veintiséis años después, la ley sobre el acuerdo de codeterminación todavía no existe.

Dentro de estas leyes constitucionales se creó la ley del ministerio público, cuyo autor fue Jorge Yoma: “Dimos a los miembros de la Fiscalía General el mismo rango y jerarquía que a la administración de justicia”. En otras palabras, el Fiscal General goza de la misma jerarquía y estabilidad que un ministro de la Corte de Justicia, y de ahí en adelante ocurre lo mismo.

¿Y qué se necesita para ser elegido juez del Tribunal de Justicia? Dos tercios de todo el Senado. “Maqueda y Rosatti, que estuvieron constitucionalmente activos conmigo en 1994, saben que esta reforma es de dudosa constitucionalidad. En lenguaje llano: el proyecto de ley que promueve el cristianismo es supuestamente inconstitucional incluso antes de que hayan empezado a redactarlo.

“El espíritu del legislador fue dar a los fiscales las mismas garantías e inmunidades que tiene el poder judicial”, dice Yoma, poniendo de relieve la oposición: “Creo que más allá de la discusión, la abolición de la mayoría de dos tercios o la restricción del ejercicio de la fiscalía vale una demanda de inconstitucionalidad porque el tribunal puede decidir en contra.

Si alguien entendió esto mucho antes de que comenzara el debate, fue el juez Daniel Rafecas. Ni siquiera pensó en volver a hablar en los medios cuando el candidato al puesto de fiscal superior le dijo al presidente: “Si no son dos tercios, estoy fuera”.

El proyecto de ley presentado por el kirchnerismo tenía un punto que a algunos miembros de la oposición les gustaba, como la fijación de la duración del mandato de un fiscal general. En otras palabras, tendría que terminar su mandato de por vida y renovar su mandato para permanecer en el poder. Casi todos los encuestados coincidieron en un punto: lejos de inspirar confianza, esto politiza aún más al Fiscal General, porque “si le das un mandato, empezará a jugar a la reelección el año pasado”. ¿Suena poco razonable? Piensa en el escenario por un minuto.

La reforma de 1994 ha traído hasta ahora tanta satisfacción en términos de derechos y garantías como ha traído dolores de cabeza en términos de instituciones, a pesar de que pretendía ser más institucional. “En 1994, los pactos ya existentes de la tradición federal convergieron, pero el foco de atención se desplazó en cuestiones institucionales de los Estados Unidos a la Europa de la posguerra, especialmente a Francia, y con bastante fuerza a España”, dice uno de los profesores más respetados de la Universidad de Buenos Aires, añadiendo que incluso era “muy federalista y, si quería serlo, no se notaba”. Señala la creación del tercer senador provincial y su elección directa, lo que significa que la única diferencia entre un diputado y un senador es el escaño que ocupan.

Es precisamente en un país que, por razones históricas, tiene un atractivo centralista para Buenos Aires que el sacrificio del colegio electoral ha terminado por desequilibrar el equilibrio, de modo que en el menor espacio territorial se decide el presidente de un país con una infinidad de producciones, culturas, necesidades y aspiraciones.

set. Tal vez estamos pidiendo demasiado a la Constitución. Hoy en día, pocos reconocen las diferencias de funciones entre un diputado y un senador. Sin mencionar que hay planes para aumentar el número de diputados sobre la base de un decreto de la última dictadura. Tal vez el mayor problema es que creemos que esta Constitución fue escrita por semidioses y no por políticos, incluyendo a Raúl Alfonsín, Álvaro Alsogaray, Chacho Álvarez, Alberto Balestrini, Antonio Bussi, Antonio Cafiero, Lilita Carrió, Adelina de Viola, Graciela Fernández Meijide, Jorge Yoma, el matrimonio Kirchner, Eugenio Zaffaroni, César Jaroslavsky, Gildo Insfrán, Aldo Rico, Palito Ortega y Evangelina Salazar. La Biblia y el Caldero.

No es para discriminar, pero ¿qué puede saber sobre el derecho constitucional una actriz, un cantante popular, un coronel o un general que ha dado un golpe de Estado? En este momento no es relevante.

Finalmente, como solía repetir el Dr. Carlos Fayt, en Argentina “la constitución es una lista de propuestas”.