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La decisión de la Corte sobre los jueces señalados por CFK devuelve el tema a la política y complica a la oficialidad

Ha reemplazado a Bruglia y Bertuzzi pero hasta que los nuevos compañeros sean nombrados. Esto requiere mayorías especiales en el Consejo de la Magistratura y en el Senado. La oposición puede bloquear o negociar. Y el Frente de Todos debe unificar posiciones: no se trata del caso de Rafecas.

La decisión de la Corte sobre los jueces señalados por CFK devuelve el tema a la política y complica a la oficialidad

La decisión de la Corte sobre los jueces señalados por CFK devuelve el tema a la política y complica a la oficialidad

La decisión de la Corte Suprema sobre los compañeros nombrados por el gobierno – con especial énfasis en Cristina Fernández de Kirchner – muestra algunas contradicciones con el historial del más alto nivel judicial, pero en términos políticos el mensaje es bastante directo. Después de semanas muy densas, distrae la tensión en la arena política en general. Y es una transición difícil para el partido gobernante, porque debe alinear todas sus tropas -no es lo que ocurre con la elección del jefe de la fiscalía- y enfrentar la “capacidad de bloqueo” de la oposición debido a las exigencias de las mayorías especiales para la coronación de los nuevos jueces.

Es curioso observar la coincidencia con el otro gran tema de la actual disputa: la ofensiva con el signo CFK para condicionar la definición del Fiscal General de la Nación, cargo para el cual Alberto Fernández se postula desde hace tiempo para el juez Daniel Rafecas. Este nombramiento requiere una mayoría especial de dos tercios en el Senado, pero la ex presidenta ya ha declarado a través de sus portavoces que no buscará un puente con los Juntos por el Cambio para obtener un número de votos que el partido gobernante no tiene. En cambio, está impulsando, al menos como mensaje, la idea de reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía y cambiar las reglas.

La señal más importante de la Corte, arrastrada por sus propios problemas internos -una vez más invalidada por el voto solitario de su titular, Carlos Rosenkrantz- fue jugar en medio de las fuertes tensiones creadas por un tema particularmente delicado y dar a los políticos la tarea de decidir sobre el resultado. Toda una tradición, no estrictamente legal.

El tribunal rechazó la solicitud del gobierno de expulsar a los camaradas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron transferidos durante la administración de McCristal. Se sospecha que hará lo mismo mañana con el Juez Germán Castelli del Tribunal Constitucional Federal número 7. Los tres están relacionados con casos de corrupción en las anteriores administraciones de la iglesia. La expulsión fue una estrategia del gobierno que comenzó en el Consejo de la Magistratura, continuó en el Senado y fue coronada por un rápido decreto de Alberto Fernández.

En la misma decisión, el Tribunal otorgó al Congreso la responsabilidad de resolver la cuestión de la entrega, que consideró de facto provisional en este caso concreto. En la práctica, también decidió que el restablecimiento de Bruglia y Bertuzzi – y ciertamente de Castelli – tiene una fecha de caducidad. Pero esta fecha – con un cierto grado de incertidumbre para los propios jueces – no parece ser un asunto fácil y depende de los pasos a seguir para nombrar nuevos jueces. Es decir, el procedimiento de selección y nombramiento, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994.

Este proceso tiene un primer reto en el Consejo de la Magistratura. Los pasos podrían resumirse en concurso, orden de mérito, audiencia pública y propuesta de una lista de tres jueces. Los jueces que han sido removidos y ahora reemplazados hasta que esto se determine pueden participar, aunque no hay indicación de que pasen el filtro. Eso es lo que califica la decisión más crítica de la Corte como un boleto de salida. En todo caso, nada indica que el procedimiento esté garantizado para la administración pública y, en particular, para el kirchnerismo, con el objetivo de la composición de las cámaras federales de Buenos Aires.

El Consejo de la Judicatura consagra la propuesta de los posibles jueces por una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. Esto es algo que no podría garantizarse con la presencia más o menos perfecta de la administración pública solamente. El procedimiento en el Senado es similar en cuanto a los requisitos. No parece fácil.

La lectura política sugiere que la oposición todavía podría detener el proceso o, en algunos casos y como ha sucedido en otros, negociar. Por supuesto, el partido gobernante debe considerar este horizonte como parte del juego político, además de unificar las posiciones internas. Como ya se ha dicho, esto no es lo que se expresa hoy en el caso de la candidatura presidencial de Rafeca para el puesto de Fiscal Jefe.

El otro punto que no pasó desapercibido en la decisión del Tribunal fue la aprobación de las decisiones de los jueces cuestionados y su reemplazo, así como las decisiones tomadas hasta que los nuevos jueces fueran nombrados para estos cargos. Este es un hecho importante. Bruglia y Bertuzzi ratificaron como camaradas las decisiones del difunto Claudio Bonadio en el caso de los cuadernos de corrupción durante el kirchnerismo. Y Castelli es miembro del tribunal oral responsable de este caso.

La ofensiva contra los dos camaradas fue una señal global para el poder judicial y una especulación concreta: si se confirma la acusación de traslados irregulares, el siguiente paso podría ser una serie de acciones de anulación por parte de los abogados del ex presidente. Esa puerta estaría cerrada, pero no es el final de la historia, y de hecho, con la casación se abre otra vía. En cualquier caso, el capítulo escrito ayer por el Tribunal de Justicia sitúa la definición en el terreno seco de la política.