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La oposición exigió que el gobierno convocara a los gobernadores para coordinar las medidas contra la pandemia de coronavirus

"Vemos con mucha preocupación cómo el país está siendo desmembrado, con un gobierno ausente", declararon las autoridades de la Coalición Cívica en un documento

La oposición exigió que el gobierno convocara a los gobernadores para coordinar las medidas contra la pandemia de coronavirus

La oposición exigió que el gobierno convocara a los gobernadores para coordinar las medidas contra la pandemia de coronavirus

A raíz de la reaparición de complicaciones registradas en varias provincias debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, la Coalición de Ciudadanos instó al poder ejecutivo a que instara a los gobernadores a resolver urgentemente la “coordinación institucionalizada”. “Estamos muy preocupados por la fragmentación del país con un gobierno ausente”, dijeron las autoridades en un documento.

“Vemos con gran preocupación el desmembramiento del país con un gobierno ausente”, advirtió el legislador, asegurando que “nos preocupa la falta de gestión del Jefe de Estado Mayor y la anomia que esto provoca en el territorio, multiplicando los problemas y dejando a los ciudadanos huérfanos y víctimas de excesos y arbitrariedades”.

“La convocatoria debe generar un mecanismo institucionalizado de coordinación interjurisdiccional, a ser implementado por el Jefe de Gabinete o por el órgano competente seleccionado o creado para tal fin, con los objetivos básicos de armonizar las regulaciones locales o provinciales de las medidas aplicables derivadas de la política de salud pública en materia de prevención, tratamiento, mitigación y control de la pandemia causada por COVID-19, en el marco del sistema jurídico nacional vigente”, señala el proyecto CC ARI.

La iniciativa fue editada y promovida por Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro y otros miembros del bloque.

La Corte Suprema de la Nación, en su acuerdo de 10. septiembre de 2020, en varios casos iniciados por particulares contra diversas provincias argentinas, tomando medidas cautelares y de protección, en los que se plantearon cuestiones relativas a las restricciones de circulación o acceso a las provincias demandadas en relación con la pandemia COVID-19, la Corte Suprema de la Nación decidió solicitar a las provincias de San Luis, Córdoba, Formosa, Corrientes y Salta que presentaran, en un plazo preceptivo, los informes que la Corte considerara necesarios en relación con el objeto de las acciones mencionadas.

“Esta decisión del máximo órgano de justicia nos pone en alerta, no sólo ante el riesgo de la inconstitucionalidad de muchas de las medidas adoptadas por las distintas jurisdicciones (nacional, provincial, CABA o municipal), con el argumento para luchar contra la pandemia y respetar estrictamente la ASPO y esconderse detrás de autonomías y soberanías que a menudo se interpretan de manera dudosa o partidista, pero también en vista del creciente surgimiento de actitudes de violencia institucional que violan los derechos humanos de los habitantes de nuestro país”.

La Corte reconoce que el artículo 10 del Decreto 297/20 establece que corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictar las medidas necesarias para implementar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), pero en las circunstancias excepcionales y específicas de cada caso, parece haber un exceso en el ejercicio de las facultades de las autoridades provinciales, en coordinación con las autoridades nacionales.

En este contexto, los legisladores de la CC ARI convocaron “a todos los gobernadores provinciales y al jefe de gobierno de la CABA a que se reúnan para resolver urgentemente esta cuestión, dadas sus implicaciones constitucionales e institucionales y su profunda influencia en la defensa de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz social y el funcionamiento armónico de nuestro sistema federal de gobierno”.

Durante la emergencia sanitaria desencadenada por la COVID-19, la CC- ARI presentó un proyecto de resolución que establece un Comité de Vigilancia y Control de Emergencia para lograr la coordinación, cooperación, asistencia mutua y solidaridad entre las autoridades públicas del Estado en la coordinación y ejecución de la acción pública contra la pandemia.

“No fuimos consultados, y el poder ejecutivo nacional monopolizó toda acción de implementación, coordinación, articulación y monitoreo de medidas de emergencia derivadas de la política de salud pública, no siempre con los mejores resultados, como lo demuestran las evidencias actuales”, advirtieron los diputados del CC ARI.

CC ARI también presentó proyectos de resolución con el objetivo de promover un programa de acción conjunta sobre los derechos humanos en la pandemia, a ser implementado bajo la responsabilidad del gobierno nacional entre el Congreso, el poder ejecutivo y el poder judicial, con la participación de los gobiernos provinciales y la C.A.B.A. y unidades representativas de la sociedad civil.

“Nuestras iniciativas están durmiendo el sueño de los justos en varias comisiones de la Cámara de Representantes de la nación, esperando una oportunidad política que nunca llegará”, agregan.