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Lo que el Gobierno necesita para avanzar con la impugnación del Presidente del Tribunal Supremo Carlos Rosenkrantz

Para destituir a un juez del más alto tribunal se necesitan dos tercios de ambas cámaras legislativas

Lo que el Gobierno necesita para avanzar con la impugnación del Presidente del Tribunal Supremo Carlos Rosenkrantz

Lo que el Gobierno necesita para avanzar con la impugnación del Presidente del Tribunal Supremo Carlos Rosenkrantz

El kirchnerismo requerirá los votos de dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados para permitir que prospere la acusación del Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Carlos Rosenkrantz después de que un diputado del Frente de Todos presentara una moción de destitución.

Si el Gobierno logra obtener este número de votos en la Cámara de los Comunes y avanzar en el caso, debe llegar a dos tercios de los legisladores presentes en el Senado para poder juzgar y destituir a Rosenkrantz.

En la Cámara de Representantes, gracias a los bloques aliados, la administración pública apenas alcanza el quórum, por lo que cabe suponer que no podrá adelantar la reclamación a menos que varios legisladores de la oposición sumen sus votos. Mientras tanto, el “Frente de Todos” en el Senado está a menos de diez votos de llegar a dos tercios de la Cámara de Representantes, aunque es difícil que Juntos por el Cambio se sume al intento de destituir al jefe del más alto tribunal.

La diputada Vanesa Siley, abogada, Secretaria General de la Federación de Sindicatos Judiciales y miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, presentó un proyecto de resolución 5039-D-2020 en el que se pide la destitución de Rosenkrantz “por mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 y artículos correspondientes de la Constitución Nacional”.

“Rosenkrantz impide el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus obligaciones políticas y económicas con las empresas y los individuos en relación con la responsabilidad civil durante la última dictadura militar dificultan la tramitación de los casos”, publicó el diputado de la provincia de Buenos Aires en sus redes sociales.

La solicitud de un juicio político contra Rosenkrantz fue presentada el 25 de septiembre del año pasado, días antes de que la Corte Suprema se reuniera para analizar la solicitud Per saltum de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyas transferencias fueron canceladas por el kirchnerismo. El diputado anunció hoy la solicitud de un juicio político, días después de que la Corte Suprema, por los votos de sus cinco miembros , aceptara el per salum de los compañeros que intervinieron en los casos en que la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de corrupción.

La Constitución Nacional establece mayorías especiales para ciertos procedimientos de destitución, incluso para los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación El nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también requiere una mayoría especial, en este caso sólo dos tercios del Senado Nacional.

En lo que respecta a la destitución de los jueces, el artículo 53 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Diputados ejerce el derecho de presentar cargos contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia ante el Senado por mal desempeño, delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o delitos comunes. La acusación debe ser presentada por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

El artículo 53 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados “tendrá derecho a presentar cargos ante el Senado contra el Presidente, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros y los miembros del Tribunal Supremo únicamente en caso de tentativa de responsabilidad, mala actuación o delitos en el ejercicio de sus funciones o delitos ordinarios, tras escuchar y declarar que el caso ha sido resuelto por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes”.

El artículo 59 de la Constitución Nacional, a su vez, estipula que el Senado es responsable de condenar a los acusados por la Cámara de Diputados en un juicio público. La decisión también requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y tiene como único efecto la destitución del acusado si se le declara incapaz de ocupar un puesto honorífico, de confianza o remunerado en la Nación, como se estipula en el artículo 60 de la Constitución.

El artículo 59 de la Constitución establece: “El Senado tendrá la facultad de condenar al acusado en un juicio público ante la Cámara de Diputados, y sus miembros prestarán juramento por este acto”. Si el acusado es el Presidente de la Nación, el Presidente del Tribunal Supremo preside el Senado. Nadie será declarado culpable excepto por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.