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Poder Ciudadano expresó su apoyo a la Corte Suprema y pidió que se respetara la división de poderes

La principal ONG en la lucha contra la corrupción argumentó que "el abuso de poder siempre viola los derechos de los ciudadanos".

Poder Ciudadano expresó su apoyo a la Corte Suprema y pidió que se respetara la división de poderes

Poder Ciudadano expresó su apoyo a la Corte Suprema y pidió que se respetara la división de poderes

La organización civil Poder Ciudadano expresó su preocupación de que “no sólo las manifestaciones y declaraciones que representan intentos explícitos e irrazonables que intentan influenciar, presionar y/o amenazar con sanciones contra los jueces del Tribunal Supremo, sino también las opiniones de que el Tribunal Supremo respetará la Constitución dependiendo del contenido del próximo fallo”. Y en una conocida declaración de esta tarde, añadió: “En otras palabras, si la sentencia no es lo que espero, entonces es ciertamente el producto de un caso poco fiable, y por lo tanto no la considero legítima y no reconozco su legalidad.

La ONG publicó en la admisibilidad por parte del tribunal del recurso extraordinario de per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para rechazar el recurso de sus traslados decidido por el Senado, y la solicitud de un juicio político al jefe del Tribunal Supremo, Carlos Rosenkrantz presentada por el diputado nacional del Frente de Todos Vanesa Siley. Su colega en la Cámara de los Comunes Leopoldo Moreau duplicó hoy la apuesta y se refirió a todos sus miembros . Dijo que creía que “es un tribunal agotado que hace bromas en lugar de confiar en las decisiones de la jurisprudencia”. Es un tribunal que está institucionalmente muy degradado y legalmente no tiene el nivel de otros tiempos”.

En respuesta a este progreso en la Corte, el capítulo argentino de Transparencia Internacional, una organización líder en la lucha contra la corrupción a nivel mundial, fue publicado hoy. “El abuso de poder -incluyendo la violación de la separación de poderes- siempre viola los derechos de los ciudadanos”, decía la declaración.

“Las diferentes opiniones e intereses de las personas siempre crean discrepancias. Por lo tanto, los conflictos políticos son inevitables. En el contexto de una democracia, también es saludable: amplía la gama de alternativas posibles y enriquece la vida de los ciudadanos. Pero para que estas diferencias se procesen y para que los diversos grupos sigan viviendo juntos en paz, debe haber mecanismos para resolver los conflictos. En las democracias modernas, estos mecanismos están definidos por la constitución de cada país y por las instituciones y leyes que de ella emanan. En Argentina, como en muchos otros países, se cuentan los votos para decidir quién gobierna. Y para decidir sobre los litigios, nuestra constitución estipula que la Corte Suprema de la nación tiene la última palabra”, dijo la organización no gubernamental fundada en 1989 y ahora dirigida por el abogado Hugo Wortman Jofre.

“El respeto de estos principios constitucionales constituye el desarrollo sanitario e institucional de un país: Se respetan las decisiones del gobierno – si me gusta quién es el presidente y qué políticas implementa – y se respetan las decisiones de la Corte Suprema – si me gusta quién es el presidente y cuál es el contenido de sus decisiones. Estas condiciones deben aplicarse tanto al funcionario como a la oposición, al ciudadano y al funcionario, a la sociedad civil y al Estado”, añadió la ONG.

“Poder Ciudadano no sabe en qué sentido la Corte Suprema fallará en el caso anterior Y aunque la historia de Argentina no es un desperdicio en lo que se refiere al respeto de la Constitución y las leyes, instamos a los funcionarios, políticos y ciudadanos a no poner en peligro nuestro marco constitucional, nuestro consenso social fundamental, al no cumplir con las expectativas o deseos de cada individuo. El respeto de estas reglas por parte de todos es una expresión de una vida institucional sana y una democracia de alta calidad. Por lo tanto, pedimos una vez más que se acepten los procedimientos legales y se contribuya a la responsabilidad social”, concluyó.

La ofensiva del kirchnerismo contra el más alto tribunal comenzó el 25 de septiembre, cuando se esperaba que los ministros aprobaran una resolución sobre per saltum, que fue finalmente aprobada el martes 29 de septiembre. El diputado kirchnerista Siley presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político de Rosenkrantz “por mal desempeño y posibles delitos en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 y artículos correspondientes de la Constitución Nacional”. Según el legislador, el Presidente del Tribunal “impide el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”. Sus obligaciones políticas y económicas con las empresas y personas asociadas a la responsabilidad civil durante la última dictadura militar dificultan la tramitación de los casos”, publicó la congresista en sus redes sociales. El gobierno nacional trató de apartarse, diciendo que era una iniciativa individual de Siley. Las declaraciones de Moreau esta mañana parecían refutar eso.