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Un grupo de intelectuales repudió las usurpaciones de tierras en todo el país y pidió al gobierno que “saliera de su letargo cómplice”.

Redactaron una proclama en la que expresaban su preocupación por la toma de tierras por grupos organizados. "Hay claros desacuerdos entre las fuerzas federales y provinciales que agravan la situación y dejan el camino abierto a la acción violenta", dijeron

Un grupo de intelectuales repudió las usurpaciones de tierras en todo el país y pidió al gobierno que

Un grupo de intelectuales repudió las usurpaciones de tierras en todo el país y pidió al gobierno que "saliera de su letargo cómplice".

Un grupo llamado Maestros Republicanos escribió una proclama en la que expresaban su preocupación por el acaparamiento de tierras en varias regiones del país por parte de grupos organizados. “Esto es una violación del estado de derecho, un principio según el cual los individuos y las instituciones deben estar sujetos a la ley”, dijeron. Concluyeron que “es sumamente urgente que el gobierno despierte de su letargo cómplice y aplique la ley y ejerza la autoridad actuando en pleno uso de la autoridad pública frente a las intrusiones y disturbios, ya que tiene el monopolio de la fuerza en un estado gobernado por el imperio de la ley”.

“El derecho a la propiedad es un derecho natural y descriptible que corresponde a los derechos a la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La propiedad es la expresión concreta de la libertad; es el pilar esencial para mantener una sociedad próspera y activa, y el incentivo para iniciar emprendimientos y mejorar la calidad de vida”, dijeron en el documento publicado el miércoles.

Entre los firmantes se encuentran Daniel Sabsay, Jorge Salvat, Guillermo Mizraji, Miguel Wiñazki, Beltrán Gambier, Antonio María Hernández, Norma Nudelman Sbartati, Alicia Vicente, Santiago Kovaldloff, Ernesto Bullorsky Marta Nercellas, Roberto Malkassian, Alfredo Vitolo, Ernesto Barugel, Juan Martín Odriozola, Graciela Róvere, Emilio Perina, David Halperin, Liuba Lencova, Ada Moldavsky y Oscar Funes Garzón, entre otros.

“Vemos con asombro que el Estado está ausente ante las usurpaciones y saqueos que se están produciendo”, dijeron los profesores en el comunicado, al tiempo que subrayaron que “existen claras diferencias de opinión entre las fuerzas federales y provinciales, que agravan la situación y dejan el ‘camino’ abierto a la labor de grupos organizados que actúan con violencia y realizan transacciones ficticias de reventa de terrenos federales y privados”.

Según el documento, “el aspecto engreído de los intendentes y gobernadores con patronazgo facilita así las ocupaciones con objetivos políticos claros”. También señalaron que “la propiedad en el sentido más amplio incluye todos los intereses significativos que una persona puede poseer fuera de sí misma, aparte de su vida y su libertad”.

“Es un derecho reconocido por nuestra Constitución Nacional en varios artículos (Art. 14, 17, 20, 75 inc. 18 y Art. 125) y es inviolable. Más dañina aún es la reiterada indiferencia del Poder Ejecutivo ante la violación de normas constitucionales y declaraciones, tratados y acuerdos internacionales a los que la Argentina se ha adherido en materia de defensa de los derechos de propiedad”, declararon.

En este sentido, señalaron: “Este estado de cosas ahondará el conflicto social y la actividad de los aprovechados de las reivindicaciones legítimas de quienes buscan una vivienda digna o el reconocimiento de un territorio (art. 14 bis C.N.; art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948). Esto añade un elemento más al estado general de inseguridad en detrimento del restablecimiento del estado de derecho”.

Finalmente, en la proclama, destacaron el rechazo a “la usurpación y expropiación de tierras pertenecientes al propio Estado -a nivel nacional, provincial o municipal- y de particulares, ya que estas prácticas se caracterizan por el delito previsto en el artículo 181 del Código Penal, que debe aplicarse sin más trámites”. También afirmaron que es “una tarea indelegable del Estado proteger y preservar la propiedad pública, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la seguridad”.

“Estamos convencidos de que la crisis inmobiliaria argentina es el resultado de políticas equivocadas y de decisiones populistas y demagógicas que nunca tuvieron como objetivo proporcionar una vivienda digna, segura y adecuada a la familia argentina”, declararon.

Por lo tanto, consideraron que “es sumamente urgente que el gobierno despierte de su letargo cómplice y aplique la ley y ejerza la autoridad actuando con plena autoridad pública frente a los robos y disturbios, ya que en un Estado de derecho tiene el monopolio de esto”. De esta manera, entienden, “se evita el retorno a una sociedad de carácter pre-estatal, en la que la violencia intenta hacer valer los derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional para liberar al pueblo”.