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Un juez respaldó las movilizaciones y manifestaciones públicas durante la cuarentena del coronavirus

Lo hizo en un caso en el que los abogados fueron denunciados por una marcha para exigir que el teletrabajo se aplique en el Poder Judicial

Un juez respaldó las movilizaciones y manifestaciones públicas durante la cuarentena del coronavirus

Un juez respaldó las movilizaciones y manifestaciones públicas durante la cuarentena del coronavirus

El juez federal Julián Ercolini confirmó las manifestaciones públicas durante el aislamiento de la pandemia Covid-19 al despedir a un grupo de abogados que marcharon para exigir que su profesión se considerara esencial y que se utilizara el teletrabajo en el sistema judicial.

“Su movilización se produjo en el marco del ejercicio de un derecho y de una facultad de reivindicar ante las autoridades competentes a tal efecto la posibilidad de ejercer otro -trabajando y bajo una modalidad destinada precisamente a garantizar la seguridad de los agentes del sistema; en particular, trabajando desde el domicilio a través de plataformas digitales”, declaró el juez en la sentencia a la que tuvo acceso este diario.

El juez añadió que la manifestación “cumplía con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las distintas autoridades; en particular el uso de mascarillas y el respeto de la distancia social”.

El caso que se investiga ocurrió el 4 de junio del año pasado, cuando un centenar de abogados se reunieron en las escaleras del edificio del tribunal. Lo hicieron en vista de los 77 días de aislamiento y la imposibilidad de trabajar en condiciones normales. Por eso se manifestaron para exigir que su profesión se considere esencial y que se refuerce el sistema de teletrabajo ante las medidas de protección de la salud impuestas por el Tribunal Supremo de la nación en respuesta a la pandemia. Los abogados se trasladaron a la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y también hicieron la solicitud.

Las autoridades del CPACF denunciaron penalmente a los abogados por violar las medidas sanitarias de aislamiento del Covid-19, que llevaron a cabo sin respetar la prohibición de circulación y poniendo en peligro la salud del resto de la población. También afirmaron que durante su manifestación ante las puertas del Colegio dañaron las persianas mecánicas de la instalación.

El caso fue manejado por el Juez Ercolini y el Fiscal Federal Gerardo Pollicita, quienes acordaron que el caso debía ser cerrado. Ambos coincidieron en que los abogados estaban ejerciendo su derecho de manifestación y petición y que no ponían en peligro la salud pública, ya que no se ha confirmado que uno de ellos tomara el Covid-19.

“Pude comprobar, a través de los diversos vídeos proporcionados por las partes, que los manifestantes cumplían en todo momento con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las distintas autoridades, en particular el uso de barbijos y/o gafas protectoras y el respeto de la distancia social”, declaró el juez en la sentencia.

“Además, considero importante evaluar la razón por la cual los demandados solicitaron y/o, en su caso, participaron en esta manifestación, ya que es fundamental para determinar si tenían la intención de no cumplir las medidas adoptadas por las autoridades competentes para evitar la introducción o la propagación de una epidemia”, enmarcando el caso. Y dijo que “la razón de esto fue un pedido a las autoridades de ́la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Colegio Público de ́ Abogados de Capital Federal, precisamente para poder volver a sus funciones laborales a través de la modalidad de ‘teletrabajo'”.

Ercolini también afirmó que “más allá de las precauciones de salud y seguridad previstas en este contexto excepcional, también se respetaron los límites tolerables para este tipo de eventos”.

Se iniciaron procedimientos por la presunta violación del artículo 205 del Código Penal Nacional, que castiga con una pena de seis meses a dos años de prisión a quien “contravenga las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o la propagación de una epidemia”.

“En cuanto a la violación del artículo 205 del PCN, debo también destacar que no existe ningún elemento que permita afirmar que alguno de los acusados en ese momento presentara COVID-19 , o síntomas consistentes con esta enfermedad, por lo que no se puede sostener que existiera un riesgo legalmente desaprobado o que esto se hubiera verificado en un resultado perjudicial ́”, analizó el juez en su resolución, en la que desestimó a los abogados acusados.

La sentencia puede ahora ser apelada por la CPAFC, que fue admitida como demandante en este caso, para su revisión por la Cámara Federal.