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Villa Mascardi: La justicia revisará los daños causados por los mapuches en la propiedad de Gas del Estado

El proceso ordenado por la fiscal federal Silvia Little estaba programado para el lunes 2, pero tuvo que ser reprogramado debido a la presencia de miembros del grupo mapuche dentro del lugar

Villa Mascardi: La justicia revisará los daños causados por los mapuches en la propiedad de Gas del Estado

Villa Mascardi: La justicia revisará los daños causados por los mapuches en la propiedad de Gas del Estado

El Tribunal Federal de Bariloche está preparando una revisión de los daños supuestamente causados por el presunto grupo mapuche Lafken Winkul Mapu en la propiedad de Gas del Estado , en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

El juicio, ordenado por la fiscal federal Silvia Little, estaba programado para el lunes 2 de febrero, pero tuvo que ser pospuesto debido a la presencia de miembros del grupo mapuche dentro de la localidad. No obstante, las fuentes confían en que se celebrará en los próximos días y que podría ser llevada a cabo por miembros de la policía de seguridad del aeropuerto (PSA).

La finca vacacional Gas del Estado linda con la diócesis de San Isidro, que también está ocupada por los mismos encapuchados , sobre la que está en vigor una medida judicial de desalojo, ordenada por el juez de garantías Martín Arroyo.

El avance de los mapuches desde su establecimiento en 2017 en tierras pertenecientes a parques nacionales ha continuado, alcanzando tanto tierras privadas como públicas.

En mayo de este año, los responsables de la propiedad de Gas del Estado denunciaron a los mapuches por incendiar una cabaña y atacar a los bomberos federales que habían venido a apagar las llamas.

La presencia del grupo fue evidente cuando pusieron carteles, banderas y trapos del grupo en la puerta de la propiedad, aunque en los últimos días algunos de sus miembros también han sido vistos dentro.

“Están dentro del recinto, van de una parcela a otra e incluso se refugian en uno de los edificios del Gas del Estado, que está parado. La chimenea humea todo el tiempo”, dicen los vecinos.

Además del incendio que causaron en una de las cabañas, los mapuches derribaron un árbol legendario que cayó sobre otro edificio del complejo turístico.

La primera denuncia de la Agencia Nacional se presentó el 22 de mayo, cuando uno de los edificios cayó en cenizas como resultado del incendio que causaron y se le otorgó un premio. Más tarde, se hizo otra apelación al Tribunal Federal por usurpación cuando los mapuches invadieron y tomaron posesión de la tierra.

A fines de agosto, la comunidad mapuche denunció que fue objeto de un “tiroteo” por parte de desconocidos apostados en la propiedad de Gas del Estado. Tras este ataque, que denunciaron a través de sus redes sociales, anunciaron la “necesidad y urgencia” de avanzar hacia otros países de jurisdicción nacional en la ocupación del territorio, refiriéndose explícitamente a la propiedad en cuestión.

“Mantenemos nuestra línea en la recuperación y control del territorio, basada en la autodefensa y la autonomía”, dijeron los mapuches en sus declaraciones públicas, añadiendo que “lucharemos contra el ataque racista, policial y parapolicial hasta el final”.

Su anuncio de continuar con este juego cristalizó poco después de la confiscación definitiva del terreno público, lo que motivó la correspondiente denuncia en el Tribunal Federal.

Con su instalación en el último lote, ahora hay tres habitaciones ocupadas por los encapuchados, dos de ellas con casos que están siendo atendidos por el juez adjunto de Bariloche, Gustavo Zapata, y la habitación restante está siendo atendida por la justicia ordinaria porque es propiedad privada. Este último es el único que avanzó en la orden de desalojo, que la Diócesis de San Isidro llamó más tarde a actuar sólo cuando hay “garantías” de seguridad para las fuerzas de ocupación y las tropas que la llevan a cabo.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro trabajan en un plan de seguridad para la zona, cuya implementación es inminente, mediante la introducción de cámaras de seguridad fijas y móviles en los parques nacionales y el aumento de la gendarmería nacional.