Skip to content

En medio de una pandemia de coronavirus, 380.000 habitantes de Buenos Aires se quedan sin cobertura médica debido a un conflicto con el IOMA

Es a partir de este jueves, por falta de acuerdo entre los médicos y la obra social. Los profesionales atenderán a los miembros como "individuos".

En medio de una pandemia de coronavirus, 380.000 habitantes de Buenos Aires se quedan sin cobertura médica debido a un conflicto con el IOMA

En medio de una pandemia de coronavirus, 380.000 habitantes de Buenos Aires se quedan sin cobertura médica debido a un conflicto con el IOMA

La Asociación Médica Platense (AMP) y la IOMA no pudieron ponerse de acuerdo para la firma de un nuevo convenio, y a partir de este miércoles, casi 380.000 miembros de esta organización social que viven en la capital Bonar se quedarán sin atención médica.

El 15 de septiembre expiró el plazo de dos meses fijado por los profesionales y las autoridades del instituto como “alto el fuego” para llegar a un acuerdo sobre la gestión de los beneficios. La negociación, en la que el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires actuó como mediador, fue bloqueada por algunas demandas de los médicos, y luego el organismo que los agrupa decidió suspender el servicio.

“Dado que no se ha llegado a ningún acuerdo para firmar un nuevo acuerdo de servicio con el IOMA, se informa que a partir de la medianoche del miércoles 16 de septiembre de 2020, los miembros del Instituto serán tratados y considerados como individuos”, declaró la institución en un comunicado.

El conflicto entre el principal proveedor de servicios de salud de Buenos Aires -que cuenta con más de dos millones de miembros entre funcionarios, médicos y policías de la provincia- y la asociación comenzó a mediados de junio, en el punto álgido de la pandemia de coronavirus.

Entonces el presidente de la IOMA, Homero Giles, presentó una denuncia contra la agencia estatal por supuesto fraude. La denuncia se refería a la facturación de prestaciones que los supuestos beneficiarios nunca habían recibido. Ocho especialistas de La Plata estaban involucrados. La presentación de los formularios a la entidad y los procedimientos de recogida son responsabilidad de la AMP. Para ello, el representante de los médicos de La Plata recibe un porcentaje del total de la cantidad que cobran a la obra social. Es un 1% y corresponde a entre 8 y 10 millones de pesos por mes.

Se ha examinado este mecanismo de funcionamiento entre el IOMA y el WAP. Y dos semanas después de la presentación en el tribunal – que todavía no tenía solución y no avanzaba mucho – el gremio comenzó a hacer otras reclamaciones de pagos adeudados, retrasos en los valores de las prácticas y otras situaciones que perjudicaban a sus miembros.

La escalada terminó con la terminación unilateral del acuerdo ordenado por el Presidente de la IOMA. Y en una medida que dejó a los beneficiarios residentes en La Plata sin cobertura de seguro durante una semana.

En medio de la controversia, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, propuso una mediación y se fijó un plazo de 60 días para investigar un nuevo vínculo entre las partes. Esta semana, el funcionario presentó un informe sobre los progresos realizados y sugirió que el diálogo continuara.

Uno de los puntos controvertidos es la petición de la EPA de incluir nuevas prácticas en la nomenclatura (la lista de acciones cubiertas por el trabajo social). La IOMA aceptó 30 prácticas aún no incluidas, a través de un procedimiento de exención abreviado con autorización previa en línea. Pero, según fuentes de trabajo social, la AMP requiere una nomenclatura mucho más amplia. “Pedimos que se establezca un grupo de trabajo para evaluar la posibilidad de incluir otras prácticas en 60 días”. Pero antes de eso, decidieron concluir las negociaciones.

El facilitador también instó a la AMP a no realizar maniobras que imposibilitaran a los colegas profesionales trabajar directamente con la IOMA sin la mediación de esta asociación. “Afirman tener un acuerdo que les garantiza un monopolio. No puedo firmar eso”, explicó Giles la solicitud.

Los médicos creen que el IOMA pretende abolir el derecho a la “libre elección” que rige el cuidado de los pacientes. Acusan a las autoridades de trabajo social de querer “estropear” los servicios. Pero en las cláusulas del nuevo acuerdo, están tratando de incluir la prohibición de firmar acuerdos con otras asociaciones, según el informe de la oficina del Defensor del Pueblo. Otro punto que los médicos quieren garantizar es la regularidad de los pagos. Afirman que hay retrasos de hasta seis meses.

SC