Skip to content

Pidieron que se instalara un cajero automático en la prisión para que los prisioneros pudieran cobrar en el IFE.

La solicitud fue hecha por un representante del Servicio de Prisiones. Al menos 14 presos pudieron acceder a la prestación.

Pidieron que se instalara un cajero automático en la prisión para que los prisioneros pudieran cobrar en el IFE.

Pidieron que se instalara un cajero automático en la prisión para que los prisioneros pudieran cobrar en el IFE.

Una situación inusual ocurrió en Tucumán. En medio de una reunión en el edificio gubernamental para discutir la crisis carcelaria, el representante del servicio penitenciario solicitó la instalación de un cajero automático en la prisión para que los presos pudieran tener acceso al IFE, una ventaja otorgada por el gobierno nacional para aliviar la crisis del coronavirus.

La conspicua propuesta fue inmediatamente rechazada, pero resultó que al menos 14 prisioneros tenían acceso al ingreso de emergencia para las familias, pero no se descartó que más se beneficiaran.

“He recibido varias solicitudes de este tipo, pero fueron rechazadas porque no es su trabajo cobrar el dinero; no sé qué criterios utilizaron mis colegas”, dijo la jueza de ejecución Alicia Merched, quien recalcó: “Además, no entiendo por qué los prisioneros tienen que manejar dinero en efectivo. En cualquier caso, el IFE puede ser dirigido por sus familias.

El juez estaba reaccionando al enorme número de solicitudes que ha recibido la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) en los últimos días para permitir que los reclusos salgan de la prisión para recoger la subvención o para ir a un banco a gestionar el código bancario único (CBU).

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que los reclusos reciban un beneficio que no les corresponde, el gerente regional de NOA de la Anses, Jesús Salim, dijo que los reclusos no están cubiertos por el pago del IFE. Lo dejó claro: “Cualquiera puede introducir y cargar los datos. Después de eso, se hacen comprobaciones de datos con la AFIP y las migraciones. No hay reconciliación de la información con el sistema de justicia”.

Fue Salim quien impidió que se instalara el cajero automático. También dijo que “una cosa es conceder el IFE y otra hacer el pago”. Y pasó la pelota al Ministerio de Justicia, que “tiene la responsabilidad de aprobar la salida del prisionero para cerrar el caso”.

Además de la inusual solicitud, también se liberaron los nombres de tres de los prisioneros que habían solicitado el beneficio. Entre ellos se encuentra Andrés Alejandro González, condenado a 18 años por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón.

Los otros dos presos son Raúl “El Turco” Fadel (en 2014 fue condenado a 14 años de prisión por el delito del empresario Marcelo Rocuzzo, ocurrido durante un robo) y Tomás Alejandro Ceballos (cumpliendo una condena de cadena perpetua por el delito de Adrián Mansilla).

La noticia llegó poco después de que se supiera que un grupo de guardias dentro de la prisión de Villa Urquiza traficaba con drogas, teléfonos móviles y bebidas alcohólicas.